Las autoescuelas deciden llevar a los examinadores a los tribunales y exigen la privatización del servicio

Ultiman una demanda ante la Audiencia Nacional para que declare "ilegal" la huelga indefinida

05.08.2017 | 11:41
Protesta de trabajadores de autoescuelas el mes pasado en Ourense.

Casi 6.000 aspirantes al carné de conducir se quedaron sin poder examinarse en Galicia por la huelga iniciada el pasado 19 de junio y que no logró desbloquearse en julio, por lo que a partir de septiembre, cuando la plantilla de examinadores de la DGT regrese de sus vacaciones de agosto, el paro no se limitará a tres días por semana sino que será indefinido. Ante esta situación, los peores pronósticos de las autoescuelas se han cumplido: empieza a haber cierres y despidos. Los centros de formación advierten de que se verán "forzados" a preparar el próximo mes expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). La reacción no se ha hecho esperar. Las empresas llevarán a los examinadores a los tribunales y exigirán a Tráfico que externalice el servicio de exámenes de conducir.

Hasta ahora se habían quedado al margen del conflicto y tan solo en algunas provincias los trabajadores de las autoescuelas salieron a la calle. Pero no lo hicieron en apoyo a las demandas de los examinadores, sino para reivindicar el fin de una "huelga bárbara", califica el presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas, José Manuel López Marín, que ha hundido al sector con pérdidas que superan el 60% y ha causado "grandes perjuicios" a los aspirantes al carné.

Un día después de ser ratificada la huelga indefinida a partir del 4 de septiembre, los centros de formación presentar una demanda ante la Audiencia Nacional y reclamar un nuevo modelo de examen de conducir. En su reunión del comité ejecutivo, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), acordó reclamar a la DGT la privatización del servicio, un sistema que ya está implantado en países como Alemania, Bélgica o Francia, donde empresas particulares se encargan de examinar a los aspirantes al permiso de conducir. "Bien la externalización total o un sistema mixto como el que aplica Portugal, con una parte de funcionarios y otra de empresas privadas", apunta el también vicepresidente de CNAE. Si la Administración no atiende su reclamación recurrirán a la Comisión Internacional de Exámenes de Conducir (Cieca), para solicitar su intervención en el conflicto.

Responsabilidad patrimonial

Y ya con la vista puesta en la huelga indefinida convocada para el próximo mes, las autoescuelas ultiman la presentación de una demanda ante la Audiencia Nacional en la que pedirán que el paro sea declarado "ilegal" por "abusivo", tanto por los daños causados a las empresas de formación como a los ciudadanos en lista de espera para poder examinarse. "La paciencia tiene un límite y solo queremos que se ofrezca un servicio con garantías y de calidad", reclama López Marín. Si los tribunales así declaran la protesta, se plantear reclamar responsabilidad patrimonial al Estado.

Ya en las primeras semanas de la huelga de examinadores, desde la Federación Gallega de Autoescuelas advertían de que al menos el 40% de los centros de formación en la comunidad, donde operan más de 450, estaban abocados a cerrar debido al parón de las pruebas en plena temporada alta para un sector que tiene su principal fuente de ingresos durante los meses de verano.

En los últimos días, en comunidades como Cataluña, una de las más afectadas por la huelga de examinadores, ya se han empezado a colocar cruces en las zonas de examen con los nombres de las autoescuelas que han cerrado por la imposibilidad de hacer frente a los alquileres, las nóminas o los impuestos. Otras se han visto obligadas a despedir ya parte de su plantilla y aseguran verse "forzadas" a preparar en septiembre expedientes de regulación temporal de empleo.

En Galicia, por ahora, se aguanta el tirón y aún no ha cerrado ningún centro. Pero las facturas, según apunta López Marín, empiezan a "acumularse" y a "asfixiarles". "Ya no se puede hacer frente, por ejemplo, a los pagos a la Seguridad Social, o se pide dinero o quedarán sin abonar porque los ingresos no dan", reconoce. Los centros de formación lamentan que la Administración y los funcionarios de Tráfico no hayan encontrado "una vía" que desbloquee el conflicto. La DGT solo accedió a crear más plazas de examinadores, entre ellas algunas dirigidas a militares en la reserva. A la plantilla esta oferta no les basta y sostienen que mantendrán la protesta mientras no se atienda su principal reivindicación: un complemento específico de 240 euros mensuales.

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