El Ministerio de Hacienda se da más tiempo para continuar a la caza de inmuebles sin declarar. Hasta julio de 2018. La "complejidad" de las labores de rastreo, "el elevado número" de ayuntamientos y la "dispersión geográfica" son los argumentos del Gobierno central para ampliar el plazo de busca de bienes ocultos en 2.900 municipios de toda España, y en Galicia, en concreto, en 125 consistorios, entre ellos A Coruña y varios del área metropolitana como Oleiros, Cambre, Arteixo, Abegondo, Curtis o Miño.

La regularización de bienes en 46 ayuntamientos gallegos debía estar lista ya a finales de julio, pero el departamento que dirige Cristóbal Montoro se da plazo ahora hasta el 30 de octubre. Tres meses más para cerrar el rastreo de inmuebles sin declarar, como piscinas, naves industriales, ampliaciones de viviendas, galpones o invernaderos, en 21 municipios de Ourense, 14 de A Coruña, nueve de Pontevedra y dos de Lugo.

En la provincia de A Coruña, los consistorios afectados son Abegondo, Arteixo, Camariñas, Cambre, Carballo, Cee, Lousame, Narón, Negreira, Ordes, Padrón, Pontedeume, Rianxo y Santiago. En Ourense, la lista es más amplia, y además de la capital, incluye O Barco, A Bola, O Bolo, Castrelo de Miño, Castro Caldelas, A Gudiña, Larouco, Manzaneda, Nogueira de Ramuín, Piñor, A Rúa, Rubiá, San Amaro, San Xoán de Río, Sandiás, A Teixeira, Viana do Bolo, Vilar de Santos, Vilarino de Conso y Xunqueira de Espadanedo. En Pontevedra, el rastreo extraordinario afecta a Dozón, Lalín, Mos, As Neves, Nigrán, Poio, Portas, Ribadumia y Silleda.

Otros 79 ayuntamientos tenían hasta el próximo 30 de noviembre para cerrar el llamado catastrazo, pero ahora dispondrán de 7 meses más. Son 25 concellos de A Coruña., 24 de Ourense, 19 de Pontevedra y los 11 restantes de Lugo. En la provincia de A Coruña continuarán bajo la lupa de la Dirección General del Catastro hasta julio del año que viene: A Coruña, Aranga, Arzúa, Boiro, A Capela, Curtis, Dodro, Fisterra, Mazaricos, Miño, Moeche, Monfero, Muxía, Oleiros, O Pino, Porto do Son, Rois, San Sadurniño, Santiso, Toques, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vilarmaior y Zas.

En Pontevedra, lo estarán Barro, Cambados, Cotobade, Crecente, Cuntis, A Estrada, Forcarei, Gondomar, A Lama, Meaño, Oia, Pontevedra, O Porriño, Rodeiro, Salvaterra do Miño, Saxenxo, Tui, Valga y Vilagarcía de Arousa.

En Ourense, la lista incluye a Baltar, Bande, Beariz, Os Blancos, Boborás, Carballeda de Valdeorras, Cartelle, Castrelo do Val, Cenlle, Cortegada, Chandrexa do Queixo, Entrimo, O Irixo, Laza, Leiro, Lobios, Maside, Padrenda, Porqueira, Sarreaus, Taboadela, Trasmiras, Vilamarín y Vilamartín de Valdeorras.

Hace ya cuatro años el Ministerio de Hacienda, a la búsqueda de ingresos extra para compensar la caída de la recaudación fiscal por la crisis económica, inició una campaña especial de rastreo para descubrir nuevas construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, cambios de uso, naves agrarias y hasta piscinas que estaban sin declarar y, en consecuencias, por las cuales los ciudadanos no pagaban la correspondiente tributación del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles.

Los propietarios afectados por el rastreo deben pagar por cada inmueble que hace aflorar Hacienda una tasa de 60 euros. El proceso de regularización contribuye a aumentar los ingresos de los concellos a través del IBI ya que los propietarios deben pagar el impuesto de los últimos cuatro años, ya que los anteriores ejercicios han prescrito.

Según los datos del Catastro, las irregularidades detectadas en los ayuntamientos equivalen a un 10% de las edificaciones.

El catastrazo en Galicia ya se completó en 171 municipios, y se detectaron 212.000 bienes no registrados, que a su vez han supuesto un incremento medio del IBI a los afectados del 6%. En Pontevedra, en 28 ayuntamientos, se identificaron 31.466 bienes sin declarar. Casi la mitad eran ampliaciones y rehabilitaciones y el 37%, nuevas construcciones que no pagaban el IBI.

En Ourense, en 28 consistorios, las labores de inspección destaparon 26.764 inmuebles y el 53% eran nuevas construcciones. En la provincia coruñesa, tras rastrear 51 municipios, se descubrieron 68.702 inmuebles. El 35% eran ampliaciones y rehabilitaciones no notificadas.

Lugo fue la provincia con más irregularidades. En 52 concellos se detectaron 85.289 inmuebles. El 46% eran nuevas construcciones que eludían el pago del IBI.

Media

En toda España, la Dirección General del Catastro ha destapado ya en 2.877 ayuntamientos casi 1,5 millones de inmuebles sin declarar. De media, en cada municipio registrado, han aflorado 499 bienes ocultos. En Galicia, la media se dispara, pues fueron más de doble. Casi 1.200 nuevas construcciones o ampliaciones o reformas por las que los ciudadanos no tributaban. La comunidad gallega no es la peor parada. Murcia, con 1.917 inmuebles al descubierto por consistorio, y Canarias, con 1.338, la superan.

En Galicia, destaca sobre el resto un caso. El de Vilalba, un municipio lucense de 16.000 habitantes, donde la lupa de Hacienda sacó a la luz más de 7.000 inmuebles ocultos. En la lista de los diez municipios con más bienes inmuebles sin declarar, hay dos de la provincia de A Coruña. Se trata de Ribeira, en el sexto puesto del ranking autonómico, con más de 3.100 bienes ocultos, y de Coristanco, en el octavo lugar de la clasificación, con más de 2.500.