En los últimos meses no han dejado de surgir voces que reclamaban una reforma del impuesto de plusvalía. Al final, ha tenido que pronunciarse el Constitucional para eliminar el pago del tributo en las ventas sin ganancia. Ya antes de que llegase la primera sentencia de inconstitucionalidad, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) propuso una revisión del impuesto en su hoja de ruta para el nuevo sistema de financiación local. "Resulta urgente una revisión", defendían los alcaldes gallegos el pasado mes de febrero, ya que este tributo "determina plusvalías en todos los supuestos cuando, por el efecto de la crisis y la depreciación de los inmuebles, se están generando auténticas minusvalías" .

Ante esta situación, la Fegamp apostaba por "definir la base imponible atendiendo a las efectivas plusvalías", en particular "las derivadas de las actuaciones urbanísticas, integrándolo como IRPF a través de las deducciones oportunas para evitar dobles imposiciones".

Desde la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) propusieron a Hacienda extender el gravamen, que ahora solo se aplica en suelo urbano, también a las ventas de inmuebles en rústico, como explotaciones agrarias, galpones o fincas. Una medida que los alcaldes gallegos rechazaron por ser "perjudicial" para el rural.

Economistas consultados por este periódico propusieron desde la deducción del IRPF hasta la eliminación del impuesto.