Uno de los últimos encontronazos entre el sector agrario gallego y la Agencia Tributaria se produjo en la campaña de la renta de 2015. Entonces, Hacienda puso bajo la lupa a los beneficiarios de ayudas públicas. En la lista también figuraban los jóvenes que se incorporaban a la actividad agraria. A la mayoría de los perceptores estas compensaciones del Gobierno gallego computaban en el fisco como subvenciones corrientes, es decir, como ganancias patrimoniales derivadas de una actividad económica que no están exentas del IRPF. Esta situación llevó a tener que desembolsar hasta el 30% de las ayudas de incorporación al rural.
