La Policía tiene fichados a 97 incendiarios a los que somete a vigilancia en época de riesgo

Los agentes recaban testimonios sobre los sospechosos, visitan su domicilio y siguen algunos de sus trayectos - El censo decidió hacerse tras la ola de incendios de 2006

09.08.2017 | 10:47
Humareda provocada por el incendio declarado la semana pasado en Verín.

Incendiarios que salen de prisión o del psiquiátrico tras cumplir condena, sospechosos de haber prendido fuego en un monte próximo a su vivienda o en un concello limítrofe o aquellos vecinos que han sido vistos en varias localidades asoladas por las llamas. Es el perfil de los 97 incendiarios reincidentes o sospechosos que a día de hoy están sometidos a un plan especial de vigilancia y seguimiento por parte de la Policía Autonómica. Una base de datos común para todo el personal implicado en la prevención de incendios permite conocer los antecedentes de todos los condenados por delitos forestales y también de aquellos sobre los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han obtenido testimonios o indicios que los sitúan como posibles autores de un incendio en los montes gallegos.


Muchos de los arrestos de incendiarios practicados en Galicia no son fruto del azar. Sino de este plan de seguimiento con el que las unidades policiales se proponen erradicar la cultura del fuego que año tras año devora los montes gallegos. La vigilancia a la que somete a cada sospechoso no supone privación de derecho alguno, ya que no se hace puerta a puerta y se adapta a cada caso. Puede ir desde recabar información sobre su día a día con terceras personas hasta una visita a su domicilio o el seguimiento por trayectos próximos a sus viviendas en época de alto riesgo de incendios.


Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado evitan dar más detalles sobre las medidas concretas de vigilancia y se limitan a apuntar que en la base de datos figuran aquellos que tienen antecedentes o que aunque no hayan sido investigados o arrestados por un delito forestal se les ha visto en varios incendios.


Este censo, pionero en España, empezó a gestarse tras la ola de incendios de 2006, que redujo a cenizas casi 100.000 hectáreas en la comunidad. Entonces, la Fiscalía encargó un estudio para elaborar el perfil del incendiario en Galicia, un informe que sirvió como punto de partida para la elaboración de una base de datos en la que figuran todos los delincuentes detenidos desde entonces. En la actualidad, esta herramienta es utilizada para realizar un seguimiento exhaustivo en la época de máximo riesgo de incendios de aquellas personas que han sido condenadas por prender fuego al monte, pero también de aquellos sospechosos de estar detrás de uno o varios delitos contra el medio ambiente.

Ampliación del censo

La base de datos creada hace ya una década comenzó con un pequeño grupo sometido a vigilancia y que destacaba por su potencial peligrosidad. La lista de "fichados" no ha dejado de crecer año tras año, ya que los indicios recabados durante cada campaña en el lugar del incendio y los testimonios de vecinos y testigos han sumado los nombres de más sospechosos. En la actualidad ya son 97, según datos de la Consellería de Presidencia.

Mapa de riesgo y perfil


Tras la ola de incendios de 2006, el entonces fiscal superior, Carlos Varela, encargó un estudio psicológico de los incendiarios con el objetivo de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieran un mayor conocimiento de la situación en la comunidad y supieran cuáles eran los lugares a atender en base a ese "mapa de riesgo" y "perfil de incendiario". Se trata, según el informe, de un hombre de mediana edad, que actúa solo, que no está integrado socialmente, que es reincidente y cuya motivación es pluricausal. Entre estas razones por las que quema el monte, figuran el resentimiento social, el trastorno psicológico con el fuego y el disfrute con su participación en la extinción, combinadas con el consumo de alcohol, además de las rencillas familiares y las venganzas personales.


Ya entonces, la Fiscalía urgió una modificación del Código Penal en materia de delitos forestales. La propuesta pasaba por hacer cumplir a los incendiarios su condena de manera fraccionada durante los meses de verano por tratarse de la etapa de mayor riesgo. Es decir, si la pena era a nueve meses de prisión, que se cumpliese repartida en tres veranos. Se trata de una medida que al contrario de lo que ocurre en España, la legislación de Portugal sí la recoge.


Desde la Fiscalía de Medio Ambiente ven suficientes las actuales penas por delitos de incendio pero consideran necesario repensar los tipos penales. Es decir, que la condena no se imponga según los daños reales ocasionados por un incendio, sino que se tenga en cuenta también la intención de quien prende fuego en el monte. Esta modificación permitiría que no pocos de los incendios que en la actualidad quedan impunes se resolvieran con una condena por la intencionalidad con la que se ha actuado.

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