La huelga de examinadores costó 12 millones, tres veces más de lo que exigen

El colectivo irá a un paro indefinido "sí o sí" porque no espera respuesta del Gobierno. Achaca a la "incompetencia" de la Dirección General de Tráfico los daños causados a autoescuelas y alumnos

11.08.2017 | 17:08
Movilización de autoescuelas en Ourense el mes pasado por la huelga de examinadores.

En plena temporada alta, apenas hay alumnos en las autoescuelas. El conflicto entre los examinadores y Tráfico, que se resiste a cumplir el compromiso de subida salarial anunciado para 2015, se enquista. Salvo que el Ministerio del Interior dé el visto bueno a un plus de al menos 200 euros al mes, la huelga se convertirá en indefinida a partir del 4 de septiembre, a la vuelta de vacaciones de los funcionarios de Tráfico.

Ante las reclamaciones de las autoescuelas que urgen la privatización del servicio, los examinadores responsabilizan al Estado de los daños ocasionados por este paro a los centros de formación y a los aspirantes al carné de conducir, que solo en Galicia han quedado sin examinar casi 6.000 alumnos por las protestas de junio y julio. "La DGT ha dejado de recaudar desde que se inició este conflicto unos 12 millones de euros en tasas, tres veces más de lo que le costaría arreglar este problema", reflexiona la delegada en Galicia de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández.

Ante la demanda en la Audiencia Nacional que prepara la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) con el objetivo de anular la huelga por "ilegal y abusiva", Fernández defiende los paros convocados como "un derecho fundamental". "Lo abusivo e ilegal -argumenta- es el incumplimiento del acuerdo pactado entre la Administración y los examinadores en el año 2015".

Por esta "discriminación salarial" que se remonta a 2008 y que la DGT -recuerdan los examinadores- se comprometió a solucionar ya hace dos años y la situación de "desamparo" del colectivo hasta "límites insufribles", la delegada de Asextra en Galicia reclama la "dimisión inmediata" del director de Tráfico, Gregorio Serrano, a quien acusa de "incompetencia e incapacidad" a la hora de "gestionar el conflicto laboral". "Un cargo público que está costando dinero a las autoescuelas y cercenando un derecho a los ciudadanos no merece permanecer ni un minuto más en el cargo", reivindica Vanesa Fernández.

Aunque la huelga indefinida ya está convocada para el 4 de septiembre, los examinadores defienden que se anunció con "margen suficiente" para que la Administración "reaccione" e "intente llegar a un acuerdo". "En cualquier momento y a cualquier hora nos pueden llamar para solucionarlo. Pero todo apunta a que no lo harán y habrá que ir a la huelga sí o sí", sostienen los trabajadores.

Subida salarial


En la reunión con el comité de huelga el pasado 4 de julio, el director de la DGT comunicó a los examinadores que no es posible una subida salarial unilateral porque esta modificación no se puede efectuar en exclusiva y al margen de otros colectivos, ya que supondría un "agravio comparativo" con el resto de personal, tanto de Tráfico como del resto de la Administración del Estado. "Discriminación es la que se ha hecho con nosotros, que en 2008 se le subió el sueldo a la inmensa mayoría de los funcionarios, entre los que no se encontraba el colectivo examinador, prometiéndonos una subida que nunca llegó", cuestionan desde Asextra en Galicia, al tiempo que niegan que el gasto que acarrearía a la Administración alcance los 12.000 millones de euros por a la subida salarial al resto de funcionarios, según estimaciones de la Federación Gallega de Autoescuelas.

Privatización del servicio

El colectivo de examinadores recuerda que en Madrid, la presidenta de la Comunidad subió el salario a los funcionarios de Justicia. "¿Por qué el ministro se sienta a negociar con los jueces ante una amenaza de huelga y llegan a un acuerdo; y en nuestro caso, no?, se pregunta Vanesa Fernández. Aunque tiene la respuesta: "Lo único que se pretende es privatizar el servicio".

En los últimos días trabajadores de autoescuelas en varias comunidades autónomas reclamaron la privatización de los exámenes de tráfico, como ya ocurre en Bélgica, Finlandia, Alemania o Holanda. O en su defecto, implantar un modelo mixto como en Portugal o Luxemburgo, donde coexisten funcionarios y empresas privadas.

Según advierten, el conflicto ya ha obligado a varios centros de formación a echar el cierre ante la imposibilidad de hacer frente a las facturas, el pago de las nóminas y alquileres. Y a partir de septiembre, auguran que si la huelga se hace indefinida más centros tendrán que cerrar o preparar expedientes de regulación de empleo temporal.

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