El BNG exige auditar el plan de transporte de la Xunta y En Marea pide su retirada

Los nacionalistas vinculan el proyecto a "intereses ocultos". Villares cree que el transporte público puede desaparecer si no se hacen "ajustes"

15.08.2017 | 17:32

El plan de transporte de la Xunta que reformó las rutas y concesiones de autobuses en parte de la comunidad gallega, rechazado por las tres principales asociaciones del sector, recibió ayer de nuevo las críticas de En Marea y BNG.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, pidió a la Xunta, obligada la reforma por la Unión Europea, que atienda la "demanda unánime" de la patronal y modifique el sistema para evitar el posible "desvanecimiento" de muchas rutas. Más duro se mostró el Bloque a través de los diputados Luís Bará y Noa Presas, que vincularon esa estrategia a "intereses ocultos" y pidieron una auditoría sobre la adjudicación de rutas y la documentación vinculada a la misma. La primera fase del plan supuso la adjudicación de 41 rutas y entró en vigor el día 8.

"Es hora de hacer ajustes en este plan, no esperar a que se consolide y la gente dé por perdida su costumbre de usar transporte público y opte por el privado", advirtió ayer en Ourense el portavoz de En Marea, Luís Villares. En este sentido, teorizó con que el plan de transporte por tierra que entró en vigor a principios de mes evidencia una "estrategia constante del PP": "se reduce el servicio, se hace inasequible, imposible, notoriamente molesto de tal manera que deja de tener demanda porque tiene unas condiciones que son inasumibles para sus usuarios".

"Después se dice que no hay demanda y se cierra", añadió Villares, que reclama a la Xunta que deje de hacer "oídos sordos a una demanda unánime" expresada "no solo" por el sector del transporte, sino también por los usuarios. Por eso, insistió en que "la mayoría absoluta" de los populares en el Parlamento gallego "les impide escuchar al sector", lo que en su opinión ha derivado en que "este plan deje líneas que no se cubren" y "necesidades reales de los ayuntamientos que no están siendo atendidas".

Para el BNG, el plan de transporte de viajeros del Gobierno gallego está vinculado a "intereses ocultos" y, por eso, instan a la Administración gallega a que aporte toda la documentación de las adjudicaciones, así como que se sometan los criterios empleados a una auditoría.

Los diputados nacionalistas Luís Bará y Noa Presas recordaron ayer que, según la Ley de Transparencia, los criterios para las adjudicaciones deberían ser "públicos y "accesibles", por lo que reclamarán de forma oficial en el Parlamento que se les faciliten los contratos.

Bará también criticó las "prisas" con las que se llevó adelante este proceso que -señaló- generó "un cúmulo de problemas la semana pasada" por el "desbarajuste en horarios, paradas o rutas", lo que supuso un "empeoramiento caótico" del servicio.

El parlamentario destacó que los "innumerables problemas" se están resolviendo "dando libertad a las adjudicatarias" para "volver a lo que había antes", una situación que supone "incumplir el contrato" y, según Bará, evidencia que todo este proceso "se ha llevado a cabo para favorecer intereses ocultos". "Ya le dijimos a la Xunta que por este camino se iba mal, hacemos un llamamiento para que se sienten a negociar", afirmó Luís Bará, quien alertó de que esta situación es solo "un preludio" del "caos" que se va a producir a partir de septiembre, con el comienzo del curso.

Noa Presas, por su parte, incidió en los problemas en las provincias de Lugo y Ourense, las más envejecidas y en las que el transporte público es "una necesidad". Criticó las dificultades de conectividad de las nuevas rutas respecto a hospitales como el de Valdeorras. Presas aseguró que el BNG estará "vigilante" para que se haga una auditoría sobre "los criterios usados para favorecer estas concesiones" y que, según destacó, no tienen que ver con "la movilidad o la accesibilidad", sino " con otros más económicos".

El BNG reclamó que "este plan se paralice" y se "negocie" otro consensuado con el sector y con las necesidades de la población, así como que "se haga una auditoría exhaustiva" sobre los criterios.

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