Los concellos gallegos tendrán un año de plazo para archivar todas las actas y resoluciones que emitan sus órganos colegiados en formato electrónico o audiovisual, un objetivo que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) juzga "imposible". Según los últimos datos disponibles, solo un 13,2% de las entidades locales disponen de aplicaciones informáticas para la gestión de la digitalización y el archivo electrónico.
La medida viene recogida en un proyecto de decreto para el que el Gobierno autonómico acaba de abrir el plazo de envío de sugerencias. La futura norma desarrolla la obligación de la administración local de usar soportes electrónicos, una obligación establecida en dos leyes estatales de 2015. "La tramitación electrónica ya no puede ser considerada una forma especial de gestión de los procedimientos, sino la forma ordinaria", razona en la exposición de motivos la Consellería de Presidencia, encargada de redactar el futuro decreto.
La Fegamp, no obstante, considera que no se podrá cumplir el mandato. "Para eso se necesita personal, y los concellos ni lo tienen ni se lo dejan tener", señala una portavoz oficial. Desde 2012, el Gobierno central limita la contratación de empleados por parte de las administraciones locales. En todo caso, los municipios se muestran partidarios del proceso de digitalización de sus actas, explica la portavoz. Ahora están a la espera de que la Xunta les remita el texto para analizarlo en el seno de su comisión ejecutiva.
Las actas de las sesiones emanadas de los órganos colegiados, por ejemplo plenos y comisiones de gobierno, y las resoluciones y decretos tendrán que constar en documentos firmados electrónicamente por la secretaría y la presidencia de la entidad local.
De acuerdo con el último informe del Observatorio da Sociedade da Información e da Modernización de Galicia, dependiente de la propia Consellería de Presidencia y relativo a 2015, solo un 31,4% de ayuntamientos contaban con aplicaciones para la gestión de la firma electrónica para el personal de la entidad, un requisito indispensable para poner en práctica el nuevo decreto.
Para la emisión de documentos administrativos electrónicos estaban preparados un 21,2% y poco más de la mitad disponían de sede electrónica. No llegaban al 30% los que contaban con un portal de transparencia. En términos generales, todos estos indicadores empeoran en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.
Según el proyecto de decreto, si el pleno del concello así lo decide, las actas podrán almacenarse en formato audiovisual.
El texto legal también se refiere a los libros de actas y resoluciones, esto es, la serie documental que recoge las deliberaciones y acuerdos alcanzados por las corporaciones locales. Esta compilación también tendrá formato electrónico y contará con periodicidad anual. La aplicación informática que dé soporte a estos libros "deberá garantizar la integridad, autenticidad, calidad, confidencialidad, protección y conservación de los archivos electrónicos".
A lo largo del año que viene el Gobierno gallego concederá para adaptase a este mandato, los ayuntamientos podrán seguir utilizando el formato impreso.
