Hacienda investiga la actividad de más de 4.000 letrados y procuradores en Galicia

El sector ve "ilegal" la inspección masiva de la Agencia Tributaria n Montoro pide al Poder Judicial los casos judiciales de todos los letrados en los últimos tres años

06.09.2017 | 17:07
Juicio celebrado en la Audiencia provincial de A Coruña.

Claves

  • Desconfianza “injustificada”. Los letrados consideran que el Ministerio de Hacienda lanza sospechas “injustificadas” y generalizadas hacia su comportamiento fiscal
  • Datos que deben estar protegidos. Los abogados creen que el NIF, el número de colegiado o el importe de cada proceso son datos que deben contar con especial protección
  • Aumento de la carga de trabajo. Los procuradores avisan de que la petición de datos supondrá un aumento de la carga de trabajo que incrementará los tiempos de espera
  • Todos los casos de los años 2014, 2015 y 2016. La Agencia Tributaria quiere los datos de todos los procedimientos judiciales cursados a lo largo de 2014, 2015 y 2016

Los abogados gallegos se suman a los del resto de España en contra de las inspecciones generalizadas a su actividad y a la de los procuradores que prevé la Agencia Tributaria con el beneplácito del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los letrados se sienten bajo sospecha y consideran "ilegal" el requerimiento masivo de información con el que se buscan bolsas de fraude en este sector. El Consejo General de la Abogacía estudia llevar la decisión del CGPJ ante los tribunales, una iniciativa que cuenta con el pleno respaldo de su equivalente a nivel autonómico, el Consello Galego da Avogacía. En la comunidad, sumando las dos profesiones, hay más de 4.000 afectados.

La polémica arranca cuando el Poder Judicial autorizó a finales de julio que tribunales y juzgados faciliten a la Agencia Tributaria datos de 2014, 2015 y 2016. Se pide la identificación de cada abogado y procurador, su NIF, número de colegiado, fechas de inicio y fin de cada procedimiento judicial, la naturaleza del mismo y su importe.

El presidente del Consello da Avogacía, Félix Mondelos, cree que la Agencia Tributaria demuestra una desconfianza "injustificada" hacia el comportamiento fiscal del colectivo. "Se presume un fraude que va más allá de lo razonable", critica en la misma línea el secretario xeral del Consejo General de la Abogacía, Ramón Jáudenes, que, participó en la reunión que decidió analizar la posible impugnación de la decisión por vía judicial. Creen que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que les da la razón.

En Galicia hay unos 4.500 letrados en ejercicio, de los cuales la gran mayoría son procesalistas, esto es, llevan casos en los juzgados. Estos serán los afectados, ya que la bolsa de profesionales que se dedica solo a temas de asesoría legal están exentos de esta inspección generalizada. En cuanto a los procuradores, son entre 500 y 600, y en su caso todos están bajo lupa.

Además de considerar que se siembra la sospecha de manera "indiscriminada e injustificada" sobre el colectivo, los representantes consultados alertan de que los datos requeridos deben estar especialmente custodiados. "Es como si le piden a los hospitales privados que identifiquen a los cirujanos, qué operaciones hacen... Es información que debe estar protegida", comenta Mondelo. Jáudenes se pronuncia en el mismo sentido y advierte de que "no todo vale" para combatir el fraude y que el organismo tributario "tiene sus propias normas que debe cumplir".

Los letrados, al menos, se congratulan de que el CGPJ rechazase autorizar la entrega de los datos de los clientes de cada caso, lo que también pedía Hacienda.

El presidente del Consello Galegos dos Procuradores, Ricardo Garrido, respeta el acuerdo adoptado por el CGPJ, pero se muestra también preocupado por el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Además, alerta de que esta petición "masiva e indiscriminada" derivará en una mayor carga de trabajo de los tribunales, lo que finalmente repercutirá en los ciudadanos en forma de aumento de los tiempos de espera. Al tiempo, reclama que del requerimiento se excluyan los casos que los profesionales atienden en el turno de oficio, a fin de que, en el caso de una inspección, no se vean obligados a justificar una labor que entra dentro del servicio público.

Entre otras acciones similares, Hacienda rastrea desde hace meses a los productores que hicieron cesiones de derecho del pago único de la PAC.

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