A pesar de que los examinadores de tráfico decidieron el pasado 23 de agosto sustituir la huelga indefinida prevista para este mes por paros los lunes, martes y miércoles, -igual que habían hecho en la segunda quincena de junio y durante el mes de julio- las autoescuelas ya acusan las consecuencias de este conflicto. Un total de 38 centros han tenido que cerrar ya sus puertas en toda España, por lo menos cinco de ellas en Galicia, desde que comenzaran las protestas del colectivo para reclamar un incremento salarial de 200 euros al mes que, según aseguran la Dirección General de Tráfico (DGT) les prometió para 2015. El presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas, José Manuel López Marín, alerta de que la mayoría de las 400 autoescuelas que hay en Galicia llevan con "la caja a cero" en los últimos meses debido al descenso de las matriculaciones en septiembre entre el 60% y el 80% por la incertidumbre de los alumnos sobre si van a poder examinarse. De prolongarse esta situación que mina sus ingresos, las autoescuelas prevén despidos de profesores, expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) e incluso más cierres.

Para evitar llegar a ese extremo, los cuatros presidentes provinciales de la Federación Gallega de Autoescuelas han solicitado por carta una reunión urgente con los diputados de la comisión de seguridad vial del Parlamento autonómico para tratar el problema de la huelga de examinadores, que en su opinión afecta a la educación vial y a la salud pública. En este sentido, reclamarán la transferencia de las competencias de Tráfico a la Xunta con el objetivo de que las autoescuelas reciban "un balón de oxígeno" tras la crisis que las ha hundido en los cuatro últimos meses. López Marín considera que de realizarse ese traspaso, el Gobierno gallego también tendría que apostar por "autoescuelas de calidad" como en Cataluña que generen "conductores con buenos comportamientos al volante" y ofrezcan una formación "orientada a prevenir el riesgo de accidente y no basada en un aprendizaje memorístico y mecánico".

El traspaso de las competencias de Tráfico también la ha realizado a nivel estatal la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), recordando que ya se transfirió con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), la autorización que reciben los conductores profesionales de camiones y autobuses al pasar un curso de 240 horas y un examen una vez que tienen el permiso de conducir. Entre las posibles soluciones al conflicto proponen también externalizar o privatizar el servicio como ya se hace en sanidad o educación o que se aplique un 77% de servicios mínimos para los paros del sector.

Esta semana, desde el lunes hasta ayer, la huelga contó con un seguimiento del 87% en Galicia, según destacan desde la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra). Señalan que en las tres jornadas solo han trabajado seis personas -cuatro en A Coruña y dos en Pontevedra- de los 45 examinadores que ejercen en la comunidad. Asextra estima que cada día de huelga entre 300 y 400 alumnos quedaron sin examinarse en Galicia, lo que supone unos 5.400 desde que empezaron las protestas y que llegaría a los 9.000 si se prolongan todo el mes. Hoy y mañana sí que habrá exámenes pero la semana que viene seguirán los paros, ya que el conflicto no tiene visos de arreglarse de forma inmediata. De hecho, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró esta semana que el Gobierno central no cederá en su negativa subir el sueldo a los examinadores, porque sino tendrían que aumentárselo al resto d funcionarios y eso -aclaró- "por ahora no es factible".

López Marín denuncia que en esta guerra entre examinadores y la Administración los damnificados que sufren las consecuencias son otros: los alumnos que no saben cuando podrán examinarse porque es "imposible" fijar una programación y, por otra parte, las autoescuelas que cada vez están más sumidas en la "ruina". La CNAE calcula que en toda España, los centros habrían perdido ya 42 millones de euros, cifra que podría duplicarse si los paros siguen todo este mes. Debido a estas pérdidas económicas, las autoescuelas barajan reclamar daños a la DGT por daños y perjucios.