El Parlamento gallego apoyará la reclamación de los concellos gallegos al Gobierno central para que éste les autorice a gastar el superávit de sus presupuestos. PP y PSdeG sumaron ayer sus votos -BNG y En Marea optaron por las abstención- en comisión parlamentaria para sacar adelante una proposición no de ley que demanda al Gobierno central los cambios legales necesarios para que, dentro de los límites de la estabilidad presupuestaria, se les permita a los ayuntamientos invertir el saldo positivo de sus cuentas a final de año. Esta es una petición que ya ha formulado por su parte la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

El texto de la proposición, promovida por el PP, incluye peticiones a la Xunta para que "simplifique" los trámites de concesión de ayudas a los concellos y, además, incluya la posibilidad de dar adelantos de estas cantidades. La diputada del PP gallego Paula Prado indicó que su grupo está preocupado por la situación financiera de los ayuntamientos. El PSOE, pese a apoyar la petición, ha dudado del compromiso del PP con los concellos. BNG y En Marea se han abstenido porque, a su parecer, la iniciativa es "insuficiente", como la dicho el nacionalista Luís Bará, o un "intento de lavado de cara del PP", como la ha definido Luís Villares, de En Marea.

Hace cinco años, el Gobierno central aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que forzaba a los municipios a cuadrar sus números. En caso de superávit, su margen de actuación quedó determinado. Mediante esta fórmula, el Ejecutivo fijaba en qué apartados podía una entidad local gastar sus recursos adicionales y autorizaba cualquier inversión superior a los 10 millones de euros. Los concellos llevan tiempo clamando contra esas limitaciones, a las que se añaden los problemas de tiempo. "Los municipios conocemos si tenemos superávit en abril y la licitación de un proyecto puede llevar nueve meses", denunciaba el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. El organismo logró un tiempo extra para la próxima inversión, pues los presupuestos de este año y el techo de gasto se aprobaron en junio. Dispondrán de este año y el próximo para ejecutar el superávit vinculado a las liquidaciones de este ejercicio.