La huelga de examinadores iniciada a mediados de junio y con paros todas las semanas de lunes a miércoles en el mes de julio y en lo que va de septiembre ha provocado la supresión de 100.000 pruebas prácticas de conducir en España, según los datos de la Dirección General de Tráfico. En Galicia cada día de paro se quedan como mínimo 300 alumnos sin ir a examen, por lo que desde que comenzaron las protestas son ya 7.200 las pruebas canceladas. Los examinadores reclaman un aumento salarial de 250 euros al mes que, según aseguran, la DGT les prometió e 2015. Esta situación ha abocado a las autoescuelas a la "ruina", por lo que desde la Federación Gallega de Autoescuelas piden subvenciones a la Xunta que sirvan de "balón de oxígeno" para paliar las pérdidas "irrecuperables" de estos meses, al reducirse hasta un 80% las matriculaciones ante la incertidumbre de los alumnos de cuándo podrán examinarse.

Así se lo trasladaron ayer en el Parlamento gallego a representantes del PSdeG, En Marea y BNG, ya que del PP gallego -señalan- no les recibió nadie. El presidente de las autoescuelas gallegas, José Manuel López Marín destaca que la mayoría de los 400 centros de la comunidad son negocios familiares que están "aguantando a que pase la marea" y algunos -apunta- han pedido créditos a los bancos. Compara esta situación con cualquier otra catástrofe como los daños de la sequía y por eso, instan a los grupos parlamentarios de la oposición que trasladen su petición al Ejecutivo autonómico. Aunque a nivel gallego no tienen cálculos de a cuánto ascienden las pérdidas, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) estima que en toda España pueden rondar los 42 millones de euros.

En el encuentro de ayer la Federación Gallega de Autoescuelas también transmitió a los tres partidos la necesidad de transferir las competencias en materia de tráfico a la Xunta además de implantar autoescuelas de calidad como en Cataluña que apuesten por un proyecto de formación de "ciclos obligatorios" con una programación orientada a "aprender conceptos y valores" en lugar de "memorizar test" para luego conducir por intuición. Pero son conscientes de que estos cambios de llevarse a cabo se realizarán a largo plazo porque el problema más inmediato es resolver las consecuencias que están acarreando a sus negocios la huelga de examinadores.

López Marín señala que la situación "se ha suavizado" esta semana y el seguimiento de la huelga ya no es tan elevado. En este sentido, la DGT apunta que esta semana en todo el territorio nacional alcanzó el 64%, mientras que la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) reclaman rigor en las cifras al afirmar que un 72% de los trabajadores secundaron los paros de esta semana.

Además de las autoescuelas, los alumnos son otros de los damnificados. Eso explica que el Defensor del Pueblo haya recibido casi 2.000 quejas por la suspensión de las pruebas. La Asextra presentó esta semana la documentación para explicar los motivos que les han llevado a convocar la huelga y ahora la institución pedirá explicaciones y datos a la DGT y a Función Pública para conocer por qué no han atendido esta petición en los dos últimos años.

El Gobierno central ya aclaró que no es posible aplicar el aumento que reclaman los examinadores porque tendrían que hacerlo extensible a todos los funcionarios y eso no lo ven factible. Por eso los paros seguirán la semana que viene de nuevo de lunes a miércoles. Pero podrían extenderse toda la semana porque el sindicato CSIF ha convocado cuatro nuevas jornadas de paro para este mes -el jueves y viernes de la semana que viene y de la siguiente- en apoyo a las reivindicaciones del colectivo y en protesta por la "coacción" de la DGT por la amenaza de servicios mínimos. Si se respaldan también estas jornadas en Galicia se pasaría de suspenderse 900 pruebas a 1.500.