La defensa del único acusado que mantiene su inocencia y rechaza el trato del fiscal pedirá la nulidad del proceso

27.09.2017 | 00:59

El único de los 13 acusados que mantiene su "inocencia" y rechazó el trato del fiscal es el empresario Javier Rodríguez, vicepresidente de la asesoría Proitec. Su abogado asegura que pedirá la nulidad del proceso y apunta que la juez Estela San José, que investigó el asunto hasta 2015, tuvo un "irregular comportamiento" en la fase de instrucción.

Javier Rodríguez está procesado junto al consejero de Proitec, Carlos Monjero, que sí aceptó una pena de 10 meses de prisión. La investigación señala a esta empresa como colaboradora de Dorribo, a quien le habría proporcionado presuntamente facturas falsas para justificar las ayudas ante el Igape.

El abogado de Rodríguez, Javier Fiuza, explicó ayer, tras celebrarse en Lugo la vista previa del caso, que su defendido está dispuesto a ir a juicio. "Se considera inocente de los hechos que se le imputan. No está conforme con llegar a un acuerdo y quiere defender su honestidad y su inocencia", dijo el letrado.

"La tramitación no ha sido la correcta porque esto tendría que haber ido por la Ley del Tribunal del Jurado. Después, a partir de ahí, hay una serie de nulidades a mayores, que hemos invocado y puesto de manifiesto. Ahora la Audiencia decidirá si tenemos razón o no", concluyó.

Según expuso en la sala, en la instrucción de la causa se aprecia "un rosario tan florido de nulidades" que basta para tumbar la instrucción del caso Campeón.

Fiuza señaló que no hay delito ni presunción del mismo en una conversación entre el principal encausado en la operación Campeón, Jorge Dorribo, y José Antonio Orozco, que dio pie al inicio de una investigación por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Asimismo, el letrado opinó que la jueza Estela San José, que investigó el asunto, tuvo un "irregular comportamiento" en la fase de instrucción.

Según el abogado, la jueza "ni una sola vez" acreditó la conexión entre los diferentes delitos investigados y el servicio de Vigilancia Aduanera actuó "como oficina policial" e incluso "judicial", en vez de seguir el dictado de la propia instructora.

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