El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó ayer que la asesoría jurídica de la Xunta estudia la posibilidad de utilizar el mecanismo denominado conflicto de competencias para denunciar el veto a la transferencia de la AP-9, ya que los letrados del Parlamento gallego consideraron que el recurso de inconstitucionalidad no tendría recorrido para este fin.

Tras la reunión semanal del Gobierno gallego, se refirió así al informe jurídico elaborado por los servicios de la Cámara gallega que rechaza presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el veto de la Mesa del Congreso como pedía el BNG.

En cuanto al conflicto de competencias, Núñez Feijóo afirmó que es una "puerta abierta" pero recordó que no se tiene constancia de que esta posibilidad prosperase ante el Tribunal Constitucional para cuestiones semejantes.

"Ahora bien, la asesoría jurídica de la Xunta tiene instrucción de ver si hay algún reducto para que el Gobierno valore la posibilidad de utilizarlo", explicó.

En todo caso, el presidente destacó que respecto a la gestión de la autopista "se hizo más en este año que en los 45" anteriores, puesto que se logró la gestión compartida y que el Gobierno central asumiese el coste de los peajes de A Barcala (A Coruña) y O Morrazo (Pontevedra).

En cuanto al traspaso de competencias, el presidente de la Xunta recordó que estamos ante un momento de "excepcionalidad del estado de las autonomías" ante el "planteamiento independentista" de Cataluña.

Por ello, reclamó prudencia para seguir avanzando en la gestión de la AP-9, "la legislatura dura lo que dura", por lo que aún se puede conseguir antes de que finalice el mandato, más avances en este sentido.

Según el presidente de la Xunta, el informe jurídico elaborado por los servicios del Parlamento gallego lo conocieron el miércoles todos los diputados y por ello censuró que la portavoz nacionalista, Ana Pontón, propusiese durante la sesión de control de ayer esta vía del recurso de inconstitucionalidad, "a sabiendas de que no se podía". "Si en el Parlamento no hablamos en serio, es muy difícil que nos tomen en serio en la calle", recriminó.

Por su parte, En Marea presentó un escrito a la Mesa del Congreso en el que solicitó que reconsidere su decisión de avalar el veto del Gobierno a la proposición de ley remitida por el Parlamento de Galicia que reclama la transferencia a la comunidad de la titularidad y las competencias de la autopista AP-9.

La portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, aseguró que el Gobierno del PP utilizó de forma "fraudulenta" el artículo 134.6 de la Constitución española que establece la necesaria conformidad del Gobierno para tramitar proposiciones de ley que supongan un aumento de los gastos o de los ingresos presupuestarios.

En rueda de prensa, Díaz subrayó que el Gobierno no cumple "formalmente" los requisitos para vetar la propuesta porque no ha concretado qué incremento económico supone esta transferencia.