La competitividad mal entendida con la que algunos padres viven la participación de sus hijos en torneos deportivos ha desembocado, en los últimos tiempos, en peleas entre progenitores de equipos rivales y agresiones e insultos a árbitros, jugadores y entrenadores. Sin ir más lejos, hace unos meses en Gondomar un técnico de juveniles recibió varios puñetazos del padre de un chico al que cambió antes del descanso.
Para tratar de poner coto a estas situaciones, la Xunta se dotará en los próximos meses, por primera vez, de una herramienta para actuar por la vía administrativa contra las manifestaciones de violencia en competiciones deportivas oficiales, sea en categorías inferiores -en las que el Gobierno gallego incide especialmente- o de mayores. Se trata de la Comisión Galega de Control da Violencia no Deporte, el organismo facultado para aplicar el régimen sancionador que establece la Lei do Deporte, de 2012.
Este órgano podrá sancionar con entre 3.000,01 y 60.000 euros y la prohibición de acceder a recintos deportivos hasta dos años a los que participen en cualquier tipo de acto violento, ya que fuentes oficiales apuntan que se considerarán infracciones graves.
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Este sería el caso de un enfrentamiento físico entre aficionados, el proferir cánticos que inciten a la violencia o tengan carácter racista, xenófobo e intolerante -por razón de orientación sexual, creencia religiosa o género-, así como mostrar pancartas de esta índole.
Pero la norma no va dirigida solo contra los espectadores. Los deportistas y entrenadores también serán castigados con estas cuantías, de ser ellos los protagonistas de los incidentes. Ocurrió hace solo unas semanas en un partido de la Copa Diputación de Ourense, entre el Cea y el Raio Alaricano, que acabó con una trifulca en las que participaron tanto jugadores y técnicos como aficionados.
No anula la vía judicial
En caso de que los actos violentos ocasionen "daños o graves riesgos a las personas o en los bienes" se calificarán como muy graves, de modo que la multas se moverán entre 60.000,01 y 650.000 euros. En este rango se situará también la difusión de contenidos que promuevan la violencia o inciten a comportamientos intolerantes. Los hechos que se juzguen leves se castigarán con entre 150 y 3.000 euros.
El órgano encargado de tramitar las denuncias o actuar de oficio y de imponer las sanciones será la citada Comisión Galega de Control da Violencia no Deporte, siempre que los hechos ocurran en competiciones de ámbito autonómico, provincial, zonal o local. Es decir, si en un Celta-Deportivo de la Liga se producen incidentes le corresponde actuar al Gobierno central, pero en un partido de una liga provincial de infantiles o veteranos será competencia del ente autonómico. Esta vía administrativa no excluye que los hechos constitutivos de delito se diriman también en sede judicial. De hecho, entre las funciones de la comisión está la de trasladar a la Fiscalía esos casos.
En realidad, este régimen sancionador ya aparece en la Lei do Deporte, aprobada en 2012, pero la Xunta no avanzó hasta ahora en la puesta en marcha del órgano que debe aplicarlo. La demora se debió a un conflicto de competencias con el Gobierno central, que obligó a introducir una modificación en el texto para aclarar el ámbito de actuación.
Esta misma semana salió a trámite de audiencia pública el anteproyecto de decreto por el que se crea la comisión, que se espera que esté publicado antes de que acabe el año, de forma que todavía transcurrirán unos meses hasta que esté operativa.
"Las actitudes negativas de padres en las competiciones deportivas son un problema minoritario, pero hay que tener tolerancia cero. Uno solo caso ya es una mala noticia, porque detrás está un niño o un árbitro", exponen fuentes de la Secretaría Xeral para o Deporte.
En este sentido, alertan en concreto contra los comportamientos de algunos progenitores: "Esto es deporte; no podemos convertir a los chavales en semiprofesionales y a los padres en exaltados".
La Xunta quiere implicar a las federaciones y a los clubes para una aplicación eficaz de la norma. A las primeras, señalan las citadas fuentes, les interesa un clima de normalidad en las competiciones no profesionales, de manera que los árbitros puedan ejercer sin riesgos y posibles candidatos a jueces no se retraigan. Durante la elaboración del borrador, los responsables de la secretaría escucharon de primera mano la preocupación existente en el entorno familiar de los árbitros, dianas habituales de las actitudes violentas.
En cuanto a los equipos, se les invitará a que en sus reglamentos internos incluyan medidas como vetar la entrada de aficionados problemáticos.
