El PP relajará las nuevas exigencias económicas que preveía establecer para las empresas mineras en la Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais de Galicia, texto que tramitó por urgencia en verano y que prevé aprobar este mes.

Los cambios en la legislación actual de esa norma eliminaban la opción de que las empresas depositasen fondos para rehabilitar los espacios naturales afectados por su actividad mediante avales bancarios para evitar demoras en caso de tener que ejecutarlos. Además, el dinero debía estar disponible desde el momento en que la empresa recibiese notificación de que contaba con un derecho minero. En unas semanas, los populares han enmendado estos preceptos, más laxos en el nuevo texto legal. Además, establece una revisión, como mínimo, anual de su montante en una norma criticada fuertemente por la oposición y por colectivos ecologistas, que denuncian la reducción de protección medioambiental en beneficio de las empresas.

Las autoenmiendas del PP tramitadas en septiembre conceden más tiempo a las empresas mineras para depositar la fianza medioambiental, cuya cuantía se basa en dos cantidades. Por un lado, el 4% del presupuesto de inversión en una explotación o autorización de aprovechamiento, o del 20% en caso de permisos de investigación; por otro, el dinero que permita cubrir la restauración del área afectada.

Las empresas contarán ahora con más tiempo para reunir esa garantía económica. En lugar de depositarla en el momento en que se les comunique la luz verde administrativa para su trabajo, podrán hacerlo justo antes de iniciarlo. "El titular de un derecho minero deberá constituir una garantía financiera o equivalente suficiente antes de la perceptiva comunicación del comienzo de los trabajos", establece la nueva redacción del artículo 32.

Aunque la proposición de ley -tramitada por el PP, pero impulsada por la Xunta- mantiene la obligación de que esté garantizada la "existencia de fondos fácilmente disponibles en cualquier momento" para cubrir la restauración de terrenos dañados por la actividad minera, los populares recuperan la opción no solo de depósitos en metálico, sino también las "garantías financieras en custodia de un tercero, tales como bonos y avales emitidos por entidades bancarias así como contratos de seguros que cubran la responsabilidad civil" en caso de incumplimiento de las obligaciones medioambientales.

Otra de las novedades radica en la revisión de la garantía. "Deberá ser revisada a petición del titular minero cuando este justifique la ejecución total o parcial del proyecto de explotación aprobado", indica un nuevo punto del artículo 32 de una norma aplaudida por el sector, que considera que permitirá crear 800 empleos.

Evitar el abandono

Con esta modificación legal, además, la Xunta pretende sacar a concurso decenas de minas en un año para evitar su abandono, pues las explotaciones con licencia caducada antes de que entre el vigor la ley saldrán al mercado de nuevo.

Además, no se ejecutará el plan de rehabilitación natural en casos donde la empresa desista de la explotación, pero se mantengan reservas que puedan interesar a otra firma. De quedar desierta su licencia, sí se ejecutará la garantía.