El operativo de lucha contra los incendios cuenta con 1.400 efectivos menos que hace 14 días, a pesar de que la situación es de alto riesgo en el monte por las llamas. Ese peligro provocó que el Ejecutivo ampliase a todo este mes los trabajos de sus efectivos, que suman 5.600 empleados. Sin embargo, hasta medio millar de contratado por Seaga finalizó sus contratos el día 12, dejando más reducido el equipo de extinción, y también abandonaron los trabajos militares y miembros de la Guardia Civil, estos centrados en la vigilancia. Ante esta situación, la Xunta abre la puerta a adaptar todo el dispositivo de lucha contra el fuego "a las circunstancias" y a las "anomalías climatológicas", según reconoció ayer el vicepresidente Alfonso Rueda. La estrategia del Ejecutivo gallego para vigilar y apagar las llamas en verano consta en el Pladiga, que fija tres meses -julio, agosto y septiembre- como época de alto riesgo y, por tanto, con todos los medios activados. Suman 7.000 efectivos. Ante el calor actual y la sequía, la Xunta usó la facultad para extender ese período un mes más. Fuentes de la Consellería de Medio Rural cifran en 5.600 sus trabajadores temporales que se mantienen en el monte.
"Habrá que ir adaptándose, pero si persisten esas anomalías climáticas, tenemos clarísimo que donde tenemos que hacer especial incidencia es en la persecución de los incendiarios", declaró Rueda, quien puso el foco sobre la "evidentísima intencionalidad" de los fuegos de los últimos días. "Se redoblarán efectivos y esfuerzos para investigar y detener" a los responsables, añadió, para aplicarse "el peso de la ley". Los datos muestran las escasas condenas en relación a los acusados de cometer "un delito", como recordó ayer el vicepresidente. Solo el 7% de casos acaban en juicio por falta de pruebas, según las estadísticas de la Fiscalía Superior de Galicia entre 2012 y 2016.
Un centenar de trabajadores de Seaga convocados por la CIG protestaron ayer en Santiago contra el "desmantelamiento" del operativo antiicendios. "Hacen falta brigadas y puede haber una desgracia" declaró ayer Peter Brea, delegado sindical en A Coruña, que pidió la prórroga de sus contratos.
Por su parte, el socialista José Manuel Pérez declaró que la Xunta "debería haber prolongado" todo el dispositivo, mientras Xosé Luís Rivas, del BNG, tachó de "tremenda imprudencia" no hacerlo. El popular Miguel Tellado defendió la política de la Xunta porque "funciona".
