La operación Campeón, que investiga desde 2011 supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma farmacéutica Nupel, arranca mañana en Lugo su fase de juicio oral con un único acusado pendiente de resolución, ya que 12 de los 13 encausados alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía.

Uno de los que pactó condena con el Ministerio público es el principal procesado, el empresario lucense Jorge Dorribo, que aceptó cinco años y 11 meses de prisión -inicialmente se pedían hasta 19 años-, así como multas económicas que ascienden a más de seis millones de euros por delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible, informa Europa Press. El único acusado que no alcanzó un pacto es Javier Rodríguez, de la empresa Proitec, quien pedirá la nulidad de la causa. Su abogado insistió en la inocencia de su cliente. De este modo, el juicio oral se celebrará a partir de mañana, pues solo se habría suspendido si todas las partes hubieran pactado con la Fiscalía.

El exdiputado del PP Pablo Cobián aceptó ocho meses de prisión por tráfico de influencias, dos años y tres meses de inhabilitación y una multa de 45.000 euros. Por su parte, los ex altos cargos del Igape, Joaquín Varela y Carlos Silva, pagarán multas de más de 2.000 euros y estarán suspendidos de empleo o cargo un año.

El fiscal del caso, Roberto Brezme, destacó en declaraciones posteriores a la vista previa que "lo importante es la respuesta penal que tiene cada uno de los acusados", de forma que "todas las personas que estaban acusadas han obtenido la respuesta adecuada".

Además concretó que la Fiscalía ha tratado de "condicionar cualquier tipo de informe favorable de la suspensión o sustitución de las penas que se han pedido al esfuerzo de todos los acusados por reparar el daño causado". Esto ha implicado "consignaciones o ingresos de cantidades económicas relevantes para dar respuesta a los intereses de la víctima", en este caso el Igape, dependiente de la Xunta, ya que se trata de "fondos públicos sustraídos".