Después de la comparecencia del martes del jefe de Seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, y una técnica de Ineco en el caso Alvia, ayer declararon en Santiago ante el juez Andrés Lago Louro los otros dos ingenieros de la consultoría pública que elaboraron y firmaron en diciembre de 2011 el informe de evaluación externa de la línea ferroviaria Ourense-Santiago. Los técnicos Salvador Arriaga y Jorge Merino ratificaron la versión de su compañera, Laura López, al asegurar que Ineco solo analizó el sistema de control, mando y señalización que la unión temporal de empresas (UTE) que suministró el sistema de control de velocidad ERTMS -integrada por Thales y Dimetronic- estableció hasta el punto kilométrico 84.188. De esta forma, el documento encargado por Adif, que costó unos 300.020 euros, dejó fuera la curva de A Grandeira en el que se registró el descarrilamiento del Alvia en julio de 2013, que acabó con la vida de 80 pasajeros y dejó 144 heridos.
El análisis de riesgo se hizo, según los técnicos, en el "enclavamiento" de O Irixo -término usado para definir los sistemas que controlan el tráfico en una zona determinada- pero Adif no les pidió estudiar el tramo de Santiago. Los dos ingenieros insistieron en que Ineco analizó la documentación de la UTE y aclararon que el análisis de peligrosidad de los nuevos enclavamientos como es el caso del de Compostela, que se creó con el objetivo de integrar una nueva línea del AVE, es competencia de la normativa del Comité Europeo de Normalización Electrotécnico (Cenelec).
En alusión a la declaración en verano del exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, en la que alegó que la función de estos profesionales no se limitaba a una mera labor auditora exenta, los técnicos respondieron ayer que los exámenes de Ineco no se ocupan de cuestiones como la influencia del factor humano en las posibilidades de accidente.
Tras estas comparecencias, la UTE que vendió el ERTMS y los responsables del departamento del Ministerio de Fomento que autorizó la puesta en servicio de la línea están en el punto de mira de las partes personadas en la causa por el accidente de Angrois, que ahora se plantean solicitar nuevas diligencias. En esta línea, la representación de la plataforma de víctimas ya avanzó el martes que reclamará al instructor del caso Alvia que solicite a Adif o a Ineco el contrato sobre el encargo de este informe.
Manuel Prieto, abogado del maquinista Francisco Garzón cree que el juez llamará ahora a los técnicos de la UTE que elaboraron el safety caseEl grupo formado por las compañías Thales y Dimetronic creó un informe de seguridad y un registro de incidencias para el tramo hasta O Irixo, justo antes del punto en el que se produjo el siniestro, ya que su suministro técnico del ERTMS finalizaba en este lugar tras un cambio del proyecto original de la línea con la desconexión de este sistema de frenado automático.
Tras conocerse el martes unas actas internas de Adif que dejaban claro que el departamento de Seguridad del administrador ferroviario conoció la falta de requerimiento a Ineco del informe para el tramo de Santiago dependerá de la defensa de esta parte si aporta nuevas pruebas sobre las solicitudes que hacía al área de Obras para que se evaluara la peligrosidad en esa zona.
El juez debe decidir ahora si el jefe de Seguridad de Renfe y los tres técnicos de Ineco que declararon esta semana continúan como investigados en el caso Alvia junto a Cortabitarte y al conductor del convoy.caso Alvia Lanchares delegó responsabilidades en Adif por no comunicarle el riesgo en Angrois y a sus subalternos que conocieron el aviso de un jefe de maquinistas de Ourense sobre la peligrosidad de la curva de A Grandeira. Por eso, el letrado de las víctimas, Manuel Alonso, avanzó que además del contrato del informe de Ineco pedirá nuevas diligencias para saber como se desarrolló la investigación de Renfe tras conocer la advertencia de este conductor.
El portavoz de la plataforma de afectados, Jesús Domínguez, apunta que uno de los pasos que debe seguir el magistrado es llamar a declarar a los responsables de la Dirección General de Ferrocarriles que entonces dieron el visto bueno a Adif para la puesta en servicio de la línea. Ese organismo hoy no existe y su papel fue asumido por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Por otra parte, está pendiente de llegar al juzgado el informe que el instructor demandó a la Agencia Ferroviaria Europea para esclarecer si era necesaria una evaluación de riesgos completa en la línea Ourense-Santiago. Por encargo de la Comisión Europea (CE), estos expertos ya elaboraron un documento crítico con la investigación que realizó la comisión de investigación de accidentes ferroviario (CIAF) dependiente del Ministerio de Fomento sobre el siniestro.
