Medio Rural alertó a 5.115 dueños por no limpiar sus montes y solo multó a 1.500

El Ejecutivo sanciona a quien no respeta el desbroce de fincas y las franjas de seguridad entre árboles y casas en terreno rústico y forestal

10.11.2017 | 01:59

La ola de incendios del pasado mes de octubre, que calcinó casi 50.000 hectáreas, cinco veces más que lo ardido el resto del año, y causó la muerte de cuatro personas, ha reabierto el debate sobre la política forestal y la prevención de estas catástrofes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, culpa al "terrorismo incendiario" de lo sucedido, pero también ha exigido a los propietarios de fincas que cumplan la obligación legal de limpiar sus terrenos, incluso prometiendo ser "implacable" con quienes la vulneren. De momento, las sanciones por esta cuestión alcanzan las 1.473 desde 2012 y suman 274.935 euros, es decir, una media de casi 187. Las multas constituyen algo más de un tercio de los 5.115 apercibimientos realizados por los técnicos de la Consellería de Medio Rural desde 2012 a propietarios de fincas, campings o instalaciones industriales por no limpiar sus terrenos.

En Galicia existen dos tipos de obligaciones respecto a la limpieza de biomasa para reducir el riesgo de incendios y afecta tanto a propietarios particulares -la Xunta ha insistido recientemente en que el 98% del monte se encuentra en manos privadas-, como a instalaciones industriales y gasolineras.

Es obligatorio tener una franja de 50 metros libre -la Xunta redujo a la mitad el proyecto inicial- de maleza en suelo urbano y urbanizable delimitado y núcleos rurales, así como alrededor de edificaciones, depósitos de basura, parques o instalaciones industriales situadas a menos de 400 metros del monte. Además, están vetadas las especies pirófitas como el eucalipto o el pino en los 30 metros de perímetro de una casa, si bien a partir de enero se elevará esta última distancia a 50 en las zonas de mayor riesgo de Pontevedra y A Coruña. La Lei de Acompañamento también obligará a una distancia de 10 metros entre ejemplares pirófifos cerca de instalaciones eléctricas, industriales o campings.

Concellos

Feijóo aseguró el miércoles que ante el incumplimiento de los propietarios y la falta de sanciones de los concellos para que se ajusten a la norma provoca que los efectivos de la Xunta se encuentren "absolutamente desbordados". Por ello, propuso el martes un convenio para que los municipios realicen desbroces a precio fijo con la ayuda del Ejecutivo. Reconoció que supondría un desembolso elevado en los primeros años, pero con el paso del tiempo se acercaría a "coste cero".

Las competencias se dividen entre la administración local y autonómica. La primera es responsable en suelo urbano y núcleos rurales; la segunda, en terreno rústico y forestal, explican desde la Consellería de Medio Rural. En el caso de las fajas secundarias de seguridad en suelo rústico, los ayuntamientos las vigilan y denuncian ante la Xunta, que tramita el expediente.

Dentro de sus competencias, la Xunta abrió 5.115 expedientes por incumplimiento de las distancias de seguridad y gestión de la biomasa desde 2012 al 31 de octubre pasado, según las cifras de Medio Rural. De esa cifra, 995 apercibimientos se refieren a este mismo año, a tenor de lo asegurado por Feijóo tras un Consello de la Xunta en junio. Entonces, añadió a esa última cifra otros 3.000 casos que se notificarían "de forma inmediata".

En mayo de 2007 entró en vigor la primera medida para establecer perímetros de seguridad a través de la Lei de Montes del bipartito. En su primer año y medio de vigencia, se abrieron 3.000 expedientes y se sancionó a 370 propietarios, la mayoría de ellos gasolineras e instalaciones industriales. La recaudación no superó los 20.000 euros. Las multas oscilan entre los 100 euros y el millón en función de su gravedad, que queda al arbitrio de la administración.

El apercibimiento es una advertencia previa a la sanción. En caso de que el particular o la empresa normalice la situación de su terreno y lo limpie, la sanción se frena. Si esta se mantiene, se aplica el castigo económico.

En casi cinco años, poco más de un tercio de las advertencias golpearon el bolsillo de los incumplidores. Sumaron 1.473 casos por un importe total de 274.935 euros, lo que supone una media de casi 187, una cantidad inferior al coste de limpieza de un terreno.

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