Pasados 15 años desde que el Prestige vertiese al mar unas 63.000 toneladas de fuel cuando navegaba a 28 millas del concello coruñés de Fisterra y generase una marea negra que afectó a la costa gallega y a las de Asturias, Cantabria y Francia, la Xunta y la oposición hacen balance. Para el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, "el riesgo cero no existe" porque cada día por la costa gallega "siguen pasando miles de barcos con sustancias peligrosas". Por eso, reclama reforzar los controles en estas embarcaciones. "Hay que ser rigurosos en la clasificación e inspección de los buques e investigar en qué condiciones trabajan", apuntó. Según los datos de Salvamento Marítimo, por el Dispositivo de Separación de Tráfico de Fisterra transitaron el año pasado un total de 37.126 barcos, de los que 12.786 transportaban mercancías peligrosas, lo que supone más de la tercera parte del total y una media de 35 buques con este tipo de carga al día. Se trata de un incremento de casi el 2% y la segunda subida consecutiva tras los descensos durante los años de crisis.

Desde la catástrofe del Prestige que tiñó de chapapote más de 3.000 kilómetros de costa se prohibió la navegación de barcos monocascos como el petrolero que se hundió el 19 de noviembre de 2002 causando la mayor catástrofe ambiental de España y se han alejado de las costas gallegas las rutas de navegación de estos buques.

En la misma línea que Feijóo se pronunció el portavoz del PP gallego en O Hórreo, Pedro Puy, al considerar que se puso "poco énfasis" en cuestiones relacionadas con el "tráfico internacional de sustancias peligrosas por el corredor de Fisterra". Así, señaló que las sentencias sobre el Prestige reflexionan sobre el hecho de que buques que tienen "defectos estructurales" puedan tener un permiso de navegación o un seguro que, además, es "insuficiente para cubrir los daños que causan". "Donde hay que trabajar es en vigilar quién transita por el corredor, saber que carga llega y garantizar que, en el caso de que haya un accidente, el responsable de esa actividad pueda responder por los daños causados", insistió Puy.

Para el jefe del Ejecutivo autonómico hoy existen "más protocolos, barcos, barreras anticontaminación y almacenes logísticos". Feijóo cree que década y media después del siniestro, los máximos responsables de los organismos implicados "aprendieron" del impacto "ambiental, sentimental y objetivo" del suceso en la economía gallega.

El juicio, sin embargo, no llegó hasta diez años después y la sentencia, publicada el 13 de noviembre de 2013, absolvió al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al capitán del barco, Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medio ambiente. Solo condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia y además eximió al Estado de sufragar los gastos por los daños originados por el vertido del petrolero, que perdía diariamente 125 toneladas de fuel por las grietas del casco. En enero de 2016 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Audiencia de A Coruña al condenar por unanimidad a dos años de prisión al capitán del barco por delito medioambiental.

El magistrado Juan Luis Pía, presidente del tribunal que enjuició en la Audiencia de A Coruña la marea negra del Prestige, recuerda este proceso que concluyó con una sentencia absolutoria y que el Tribunal Supremo, en su opinión, "corrigió y muy bien" al estimar la existencia de responsabilidad penal. Ahora Pía, ultima el auto que cuantificará el importe de las responsabilidades civiles por los daños para el que cabrá recurso ante el Tribunal Supremo y que avanzó que se hará público esta semana.

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Entre las indemnizaciones de las partes que estudia la Audiencia provincial de A Coruña se encuentran las del Estado español, el francés, conserveras, marineros, concellos o la propia Xunta. En cuanto a los importes, la Fiscalía de Medio Ambiente estima para el Estado español daños en más de cuatro mil millones de euros. Esta complicada labor, con más de mil perjudicados, continuará cuando se puedan dirigir a la aseguradora para reclamarle dichos importes, pero dado que esta no reconoce la capacidad del tribunal español, la batalla judicial del Prestige parece no tener fin. En este sentido, el titular de la Xunta asegura que lo que falta hoy es "una sentencia justa para que los responsables patrimoniales paguen el daño y el impacto en la costa gallega por haber permitido circular a una chatarra flotante".

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ocupaba el puesto de directora xeral de Formación e Investigación del departamento autonómico cuando se produjo el naufragio. De la gestión de la tragedia por parte de la Xunta aclara que pese a los "errores" cometidos por la rapidez que requería la toma de decisiones se actuó "desde el minuto cero" y "con todos los medios disponibles". "Galicia se recuperó ese mismo año", señaló sobre los efectos de la marea negra en la costa gallega.

Los tres grupos de la oposición en Galicia coincidieron, por el contrario, en que el litoral aún "no esté protegido" e incluso consideran que se han producido "retrocesos importantes" en seguridad marítima. La líder del BNG, Ana Pontón, criticó al PP por tratar de convertir en negocio la seguridad marítima", en alusión a la privatización de dos remolcadores que califica como "un negocio ruinoso" que acabó por "encarecer el coste de esos servicios". Además, avanzó que su partido pedirá en la Cámara gallega los expedientes de la venta de los remolcadores.

El Bloque también propone la elaboración de un plan de contingencia de lucha contra contaminación, recuperar el proyecto de investigación de las mareas negras, hacer un seguimiento de la salud de las personas que participaron en la limpieza del chapapote y estudiar el estado en el que se encuentran las zonas afectadas.

Desde el PSdeG, el portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, recordó la polémica tras el hundimiento del Prestige en torno a la ubicación de puertos de refugio para barcos con cargas peligrosas que corren riesgo de naufragar y que, a día de hoy, en su opinión, "siguen sin estar designados".

Al igual que sus homólogos en el BNG y el PSdeG, el portavoz de En Marea, Luís Villares, considera que "siguen siendo noticia las facturas pendientes de pagar", al mismo tiempo que criticó que el PP se dedicara solo a "mejorar la posición de los responsables de la catástrofe". Pone como ejemplo al presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en aquel momento vicepresidente, al que califica como "el señor de los hilillos" por comparar el vertido de fuel en la costa gallega con "pequeños hilillos solidificados con aspecto de plastilina".

A la pregunta, ¿qué pasaría si se volviese a repetir otro Prestige? el delegado en el Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, cree que España está "más preparada" con mejor coordinación en emergencias. La asociación ecologista Greenpeace cree que sería igual porque las petroleras siguen transportando hidrocarburos "de forma insegura".

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