Quince años después de la marea negra del Prestige, la Audiencia de A Coruña ha abierto la puerta a una nueva batalla judicial. Será en Reino Unido, donde España y Francia tendrán que lidiar con la armadora para cobrar la factura por los daños patrimoniales, medioambientales e incluso morales. Más de 1.600 millones de euros es la cantidad fijada por el tribunal coruñés en el auto de ejecución de sentencia dictado ayer y contra el que cabe recurso en el Tribunal Supremo: 1.573 millones de indemnización para el Estado español, 61 millones para Francia y 1,8 para la Xunta por los gastos de reciclaje del chapapote.
El proceso judicial que se abra en los próximos meses en Londres se augura largo y complejo, ya que las administraciones tan solo podrán percibir de la aseguradora del viejo monocasco, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, un máximo de mil millones de dólares (unos 845 millones de euros) de la póliza suscrita por la armadora. En Reino Unido, donde la aseguradora tiene su sede, se tendrá que determinar si finalmente prevalece el dictamen penal del Supremo o el civil de los tribunales británicos.
Hace solo dos años, España y Francia perdieron la batalla judicial en Gran Bretaña por la que pretendían que el pleito por el dinero de la póliza suscrita fuese en sus respectivas jurisdicciones en lugar de estar sujeto a los tribunales de arbitraje británicos.Damnificados ya resarcidos
Damnificados ya resarcidos
En el auto de ejecución de sentencia, los magistrados Juan Luis Pía, Salvador Sanz y Dolores Fernández cifran las pérdidas del Estado español en un total de 1.573,6 millones, una cantidad en la que están incluidas las indemnizaciones ya adelantadas a unos 20.000 afectados. A Francia le reconocen 61 millones y a la Xunta 1,8 millones por el reciclaje de unas 10.000 toneladas de residuos del vertido que quedan por tratar en Sogarisa.
En el escrito, de más de 70 páginas, también se recogen cantidades de menor entidad para los afectados que no suscribieron un convenio de adelanto de las compensaciones con la Administración, así como otros colectivos y ayuntamientos.
La factura de la marea negra emitida por la Audiencia de A Coruña se queda por debajo de los más de 4.300 millones reclamados por la Fiscalía durante el juicio, que concluyó tras casi diez años de instrucción con el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, como único condenado.
En la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2013, el tribunal del caso eximió del ingreso en prisión y del pago de los daños a los tres acusados.
¿Quiénes deberán hacer frente al pago de las indemnizaciones? En la resolución de la Audiencia de A Coruña, se determinan las sumas que definitivamente procede abonar a los perjudicados y que deben ser pagadas por las partes condenadas: el capitán del petrolero y la aseguradora "por lo menos hasta el límite de un billón de dólares estadounidenses".
Subsidiariamente, también condena a hacer frente al pago a la propietaria del buque, Mare Shipping, mientras que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) está obligado a indemnizar hasta los límites expresamente establecidos en el convenio aplicable. Sin embargo, este organismo ya adelantó la mayoría de las indemnizaciones fijadas en este convenio.
La notificación del auto llega un año y diez meses después del fallo del Supremo que modificó parcialmente el que la Audiencia de A Coruña emitió en 2013. El Alto Tribunal abrió entonces la puerta a la vía de la responsabilidad civil al condenar al capitán del Prestige a dos años de prisión por un delito medioambiental, frente a los nueve meses que le impuso la Audiencia por desobediencia.
Daño moral
En el auto de ejecución de sentencia emitido ayer, los magistrados fijan el daño patrimonial causado al Estado en 931 millones, cantidad a la que suma un 30% por daño medioambiental -279 millones de euros-, y otros 363 millones por daños morales. Estos últimos, según apunta la Audiencia, son "obvios, extensos y profundos" y lo son por el sentimiento de "temor, ira y frustración" que afectó a gran parte de los ciudadanos españoles y franceses y por la "huella indeleble" de la percepción referida a que catástrofes de esta o más amplia magnitud pueden afectar en cualquier momento a los mismos perjudicados".
En Galicia, la Xunta tiene derecho a una indemnización de 1,8 millones por los gastos ocasionados por el reciclaje del fuel depositado en Sogarisa. Es lo máximo a lo que puede acceder ya que en 2005 el Ejecutivo gallego suscribió un acuerdo con el Gobierno central en el que renunciaba a toda indemnización al considerarse resarcida por los daños ocasiones por el accidente.
La compañía aseguradora depositó antes de la celebración del juicio 22,7 millones de euros en concepto de fianza para hacer frente a los daños ocasionados en caso de sentencia condenatoria. Esta cantidad, según recoge el auto, se distribuirá entre los perjudicados a prorrata de las cantidades fijadas en la resolución.
