La juez Pilar de Lara ha adoptado una medida que tiene escasos precedentes en la legislación nacional al prohibir a los dueños de una perra presuntamente maltratada acercarse al animal a menos de 500 metros. La magistrada, conocida por su persecución de los políticos corruptos, ha realizado en su auto un duro alegato contra quienes maltratan animales y contra la "relajación" de los poderes públicos en esta materia. Así, advierte que "quien desprecia la vida hasta el punto de maltratar o abandonar a un animal, habitualmente también despliega su instinto agresivo contra una mujer, los hijos, menores, ancianos o contra otros ciudadanos a los que considera inferiores".

El caso ocurrió en Lugo hace dos semanas, cuando un cachorro de seis meses, de nombre Catalina, se precipitó al suelo desde la ventana de una vivienda propiedad del Banco Sabadell en la que viven unos okupas. Una viandante la encontró y llamó a la Policía Local que se llevó el animal al Hospital Veterinario Rof Codina. Pocas horas después la pareja que resultó ser la dueña de la perra se personó en el centro veterinario y exigió llevarse al animal, a pesar de que necesitaba ser operado para reponerse de sus heridas.

De Lara tuvo conocimiento del caso y ordenó a la Policía la apertura de diligencias. Los agentes acudieron al domicilio de los dueños para reclamar que le entregaran al animal, pero, explica la juez, en su auto se mostraron "reticentes". La magistrada investiga ahora si Catalina fue lanzada por sus dueños desde la ventana de la vivienda. Una testigo asegura que la perra se cayó sola, pero De Lara duda de su "credibilidad e imparcialidad" puesto que es amiga de los investigados. En todo caso, aunque, según el auto, hay "lagunas" sobre si la lanzaron o se cayó, la juez sí acredita que la perra fue "secuestrada del hospital donde estaba siendo atendida impidiéndole recibir sus primeros auxilios". Y por esta razón, ordena el decomiso del animal, decreta el alejamiento de los dueños no solo de la perra sino también de los profesionales del hospital donde será curada y de la sociedad protectora que asume su tutela y además los inhabilita para tener más animales, ante la sospecha de que poseen más perros.

De Lara aprovecha además este caso para censurar el "escaso interés que hasta el momento se ha demostrado en España por el bienestar animal" que, según dice, tiene "una de las legislaciones más relajadas". En su opinión, "clama al cielo que se siga cosificando y mercantilizando a los animales y negándoles su condición de seres vivos y sintientes, lo mismo que en su momento se negaban los derechos a los esclavos y las mujeres".

No solo lamenta el vacío legal existente sino que cuestiona la actuación de la Policía, que no hizo atestado ni decomisó la perra desde un primer momento. Así, le llama la atención que "bajo la defensa de valores y conceptos sagrados como los de arte, cultura y tradición se toleren, amparen y protejan espectáculos cruentos y festejos populares, patrocinados e incluso financiados por entes públicos". De la misma manera, cuestiona que se dicten leyes que "criminalizan a determinadas razas de animales como potencialmente peligrosos" y que cada comunidad tenga un listado diferente.

La juez propone incluso que se aproveche "esta convulsa época de la historia en la que se viene defendiendo con ardor una reforma de la Constitución" para dar respuesta a "la imperiosa necesidad de dotar de rango constitucional la protección de los animales".