Xunta y concellos podrán incautar la madera de plantaciones ilegales e incluso venderla para sufragar los gastos en los casos en que los propietarios no eliminen las especies para las que carecen de autorización o adapten la explotación de sus terrenos a la norma. Además, podrán cargar el coste de la extinción de un fuego a los dueños de fincas sin limpiar. Es una de las medidas del decálogo de iniciativas que la Xunta pondrá en marcha a través de la Lei de Acompañamento de las cuentas autonómicas de 2018 y que ayer presentó a la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), que estudiará el documento. Estas pretenden reducir el riesgo de incendios forestales tras arder casi 50.000 hectáreas en octubre.
El Gobierno gallego y los ayuntamientos se reparten las competencias en la vigilancia de las fincas sobre cumplimiento de franjas de seguridad o limitaciones en casos de plantaciones de especies pirófitas. En suelo y núcleo rural la competencia es municipal; en rústico y forestal, autonómica. Los cambios legales incluyen la opción de poder limpiar de forma subsidiaria las parcelas de dueño desconocido o ilocalizable, pudiendo vender la madera talada para financiar gastos antes de repercutírselos al propietario, así como la expropiación forzosa por falta de limpieza reiterada si las facturas acumuladas superan el valor de la finca.
