A finales del pasado mes de septiembre había en Galicia 185.400 empleados públicos. Era un 6,6% más que a principios de año con que el número de personas que trabajaban en la comunidad en las distintas administraciones volvió a las cifras de mediados de 2012.
Esta es la lectura positiva de la última Encuesta de Población Activa (EPA) sobre el estado de los asalariados de los distintos organismos públicos que operan en Galicia (Xunta, Estado, concellos, diputaciones y universidades).
Es una buena cifra si tiene en cuenta el tijeretazo que sufrieron las distintas plantillas entre 2012 y mediados de 2013: 32.000 trabajadores menos en 18 meses, el 15,6% del total.
El número de empleos públicos empieza a recuperarse, pero no así la calidad. Y esta es la lectura negativa de la EPA. De las 185.400 personas al servicio de las distintas administraciones, 140.000 (el 75%) tienen contrato fijo, mientras que 45.400 (el 25%) son temporales.
Por una parte, los 140.000 fijos suponen la cuarta cifra más baja desde que hay datos (año 2002). Solo les superan los 134.100 de finales de 2016; los 135.100 del primer trimestre de 2017 y los 135.700 del segundo de 2017. Es decir, las cuatro cifras más bajas de empleados públicos con contrato se contabilizan en el último año.
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Y por otra parte, los 45.400 eventuales suponen el número más elevado desde hace seis años. La última vez que las administraciones gallegas tuvieron una cifra tan abultada de trabajadores sin contrato fijo fue a finales de septiembre de 2011.
Desde el arranque de 2017 hay 11.500 personas más que trabajan en las distintas administraciones (central, autonómica y local). De ellas, seis de cada diez tienen contrato temporal (6.800) mientras que el 41% son fijas (4.700).
Cuando se producen estos cambios en el empleo público, los sindicatos siempre miran a la Xunta ya que el 60% de los trabajadores públicos que hay en la comunidad pertenecen a la administración autonómica, y, más en concreto, al Servicio Gallego de Saúde (Sergas) que suma una quinta parte de todos los trabajadores de la Xunta.
El Gobierno gallego es consciente de la elevada tasa de temporalidad del empleo público en Galicia. Sin embargo, matiza que es una situación a nivel nacional, ya que en todos los servicios sanitarios del sistema nacional de salud "se está produciendo en los últimos años un incremento de la temporalidad del personal estatutario" derivado de la legislación presupuestaria estatal, que limita la tasa de reposición de efectivos establecidos.
Así, en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 se aprobó la respectiva oferta de empleo público de personal estatutario del Sergas, con un total de 1.606 plazas convocadas, el número máximo posible permitido por la legislación presupuestaria.
Sin embargo, el Plan de estabilidad del empleo y provisión de plazas del personal estatutario del Servicio Gallego de Salud (2017-2018) tiene como objetivo incrementar "en seis puntos" el porcentaje que representa el personal fijo sobre el total del personal, y reducir hasta el 5% el porcentaje que supone el personal eventual.
Plantillas envejecidas
La mala calidad de empleo público y la alta tasa de temporalidad no son los únicos aspectos negativos a los que se enfrentan las distintas administraciones en la comunidad. Tres cada diez empleados públicos de Galicia tienen 55 o más años. Esta cifra supone que más de 50.000 trabajadores se jubilarán en los próximos 10 años.
Las diferentes plantillas en lugar de rejuvenecerse han envejecido. Si hace siete años los asalariados públicos con más de 55 años eran 34.200, ahora son 51.000. Un 50% más.
Durante el debate sobre el estado de la autonomía del pasado octubre, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció una oferta de empleo público de 14.000 nuevos puestos de trabajo hasta 2020.
Días después, la Consellería de Facenda firmó con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF -la CIG se desmarcó- un plan de estabilidad de empleo público de 14.750 plazas. Este plan, según la Xunta, supone reducir al 7% la tasa de temporalidad en la Administración gallega y se aplicará en servicios públicos, incluido sanidad, enseñanza y justicia.
