El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expuso ayer en la Cámara una batería de medidas para aumentar del 65 al 90% el territorio cubierto por los servicios de emergencias en menos de 20 minutos, entre las que situó la comarcalización de los siete parques de los bomberos de las grandes ciudades. Con el foco puesto en los ayuntamientos y en las diputaciones, apeló a "ponerse las pilas", al tiempo que garantizó que "la Xunta ya lo hace".
Entre críticas de "escapismo" por parte de los distintos portavoces de la oposición que intervinieron en el debate -Luís Villares (En Marea), Juan Díaz Villoslada (PSdeG) y Luís Bará (BNG)- y que coincidieron en que lo sucedido en la ola de incendios de octubre evidencia que Galicia tiene un modelo de emergencias "fracasado y segmentado" que "no funcionó", Rueda arrancó su intervención "clarificando" las competencias de cada administración.
Así, recordó que la ley de emergencias aprobada en 2007, cuando el bipartito dirigía la Xunta, sitúa a las diputaciones como las competentes en materia de emergencias en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que representan "el 93%" de los municipios gallegos; mientras que los ayuntamientos más grandes tienen que crear un servicio de protección civil y gestión de emergencias; y a la Xunta le corresponde la "superior coordinación".
Dicho esto, proclamó que la Xunta "nunca hizo ni va a hacer dejación de sus responsabilidades", pero remarcó que es precisa la "colaboración" del resto de administraciones "competentes", "con más razón" después de la ola de incendios. Para ello, apeló a aprovechar para avanzar en la reunión prevista para el 29 de noviembre del grupo de trabajo dependiente de la Comisión Galega de Protección Civil. Como uno de los retos principales situó "eliminar las zonas oscuras" del mapa de emergencias, con la propuesta de comarcalizar los parques de los bomberos de las grandes ciudades. También subrayó que la Xunta tiene consignado el presupuesto que permitiría acometer el refuerzo de personal y material necesario, de forma que podría funcionar ya en 2018. Pero hace falta, apuntó, "celeridad y compromiso" por parte de las entidades locales.
