Las comunidades autónomas tienen de plazo hasta el lunes para enviar al Gobierno sus propuestas en materia de financiación autonómica. El actual modelo lleva prorrogado desde 2014 y desde Moncloa tienen claro que "sería bueno" reformarlo en breve para que entre en vigor en 2018. La Xunta, aunque no ha desvelado todavía el contenido de sus alegaciones, recuerda que, entre sus demandas, está que el nuevo sistema otorgue más peso a la dispersión poblacional en el reparto de fondos, que se tenga en cuenta el porcentaje de población de más de 85 años, que se calcule cuánto cuesta prestar los servicios en cada territorio y que las negociaciones sean multilaterales.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, teme además agravios comparativos. Y aunque se mostró comprensivo con el cupo vasco, aprobado el pasado jueves en el Congreso, advirtió de que "no se debe premiar la deslealtad" al pactar la nueva financiación autonómica.
La negociaciones se producirán en un contexto marcado por la crisis soberanista catalana y la minoría del PP en el Congreso que le ha obligado a buscar pactos con el PNV y mejorar el concierto vasco a cambio de obtener su apoyo para sacar adelante los Presupuestos del Estado. En este contexto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer de que una financiación autonómica "que premiara de alguna forma la deslealtad supondría echar en saco roto las enseñanzas" de la crisis catalana.
El jefe del Ejecutivo gallego reivindicó "varias lecciones" que, a su juicio, "cabe extraer" de lo sucedido con Cataluña. En este sentido, destacó, en primer lugar, que "cualquier modificación" de la organización territorial del Estado español "ha de llevar aparejada una garantía de lealtad constitucional".
En segundo término explicó que "una financiación autonómica que premiara de alguna forma la deslealtad supondría echar en saco roto las enseñanzas de estas jornadas que han convulsionado la convivencia".
En su discurso en una jornadas de directivos, en Santiago, abordó el conflicto catalán y censuró que "sigue habiendo líderes" que hacen suyo el lema que reza que "el Estado soy yo", en una especie de "nepotismo ilustrado". En Cataluña, censuró el presidente de la Xunta, hubo políticos que "quisieron adueñarse del sentimiento de las gentes" y también "derogar la pluralidad social", en un comportamiento que ha comparado con una "apropiación indebida". "Pudo haber sido un precedente nocivo, pero se está empezando a transformar en un precedente positivo", consideró.
En esta línea, subrayó el rechazo a la "piratería política" y defendió el cumplimiento de las leyes, como "lecciones" que configuran un "precedente positivo a partir de hechos que atentaban contra los principios básicos" de la democracia.
El también líder de los populares gallegos valoró igualmente la "reacción" de una "minoría silenciada" en Cataluña, así como la respuesta del mundo de la empresa, que, en su opinión, demostró que "esa seguridad" jurídica es "esencial", frente a una "incertidumbre arbitraria".
Desde las organizaciones sindicales las posturas de partida son diferentes. El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, defendió que Galicia debe firmar un concierto económico con el Estado, similar al vasco. "Todos los impuestos se deben recaudar aquí y acordar con el Gobierno lo que le debemos liquidar anualmente por la parte de competencias que ellos ejercen en la comunidad", explicó.
Al secretario xeral de CCOO, Ramón Sarmiento, lo que le preocupa es que no exista financiación suficiente para prestar determinados servicios y pidió una mayor capacidad recaudatoria y financiera para las comunidades.
