Feijóo exige conocer las cifras del cupo vasco porque afecta al resto de autonomías

El cupo es un sistema de financiación propio consagrado en la Constitución que establece que el País Vasco recauda sus propios impuestos y paga al Gobierno central una cantidad por las competencias no transferidas, como puertos, ferrocarriles o aeropuertos. El Ejecutivo de Rajoy y el de Íñigo Urkullu sellaron un acuerdo para fijar esa cifra en 1.300 millones anuales durante los próximos cinco años, unos 250 menos que el actual. Luego, el Congreso aprobó el pacto con el único voto en contra de Ciudadanos y Compromís.

Ese hecho se produce tras bloquear el PNV la aprobación del presupuesto estatal para 2018 en protesta a la gestión de la crisis catalana y ante de que se aborde la negociación del sistema ordinario de financiación autonómica, prorrogado desde 2014. Para cuadrar las cuentas del resto, Feijóo pidió conocer cómo se hallan las cifras vascas. ¿Tiene algún dato actualmente a pesar de que su partido negoció con el PNV y de que votó a favor en el Congreso? "A ningún presidente [autonómico] se nos ha dado", lamentó ayer Feijóo en declaraciones a Onda Cero. Reiteró su respeto al concierto económico vasco, pero exigió "claridad", sobre todo porque a la Conferencia de Presidentes de enero no acudió el lehendakari Íñigo Urkullu, por lo que no se sienta a debatir con el resto de sus homólogos. "Cuando la transparencia no es del 100% que nos gustaría a los demás, es un fallo que deberíamos subsanar", indicó en referencia al Gobierno central de su jefe de filas, Mariano Rajoy, tras reconocer que "pocas cosas han tenido tanta unanimidad" en el Parlamento esta legislatura como el aval al cupo.

Feijóo fue de los primeros en plantear esta reclamación dentro del PP, secundada por presidentes autonómicos de sus siglas en Murcia, La Rioja y Castilla y León. El dirigente de la Junta de esta última, Juan Vicente Herrera, apoyó de nuevo ayer las reivindicaciones de Feijóo en un artículo en el diario El País en el que demandó transparencia en el cupo vasco por su "directa repercusión en el conjunto de la financiación autonómica", recordando el retraso en el abordaje del nuevo marco que el Gobierno había prometido reformar este año tras la presentación en enero del informe del comité de expertos sobre la materia. La crisis catalana ha frenado esa discusión.

El plazo para presentar alegaciones a ese texto por parte de las comunidades expiró ayer tras ser prorrogado tres días el viernes pasado. La Consellería de Facenda confirmó que había enviado sus opiniones al ministerio de Cristóbal Montoro, pero descartó revelar su contenido alegando que se trata de "documentos de trabajo internos muy técnicos".

Los principios que defiende Galicia con conocidos: quiere que se financie en mayor medida el envejecimiento y dispersión poblacionales porque encarece la prestación de servicios. Feijóo, sin embargo, añadió ayer otro elemento habitual en su discurso, pero que hasta ahora no había propuesto situar "encima de la mesa". Propone primar en el nuevo sistema a las comunidades solventes como Galicia frente a las "rescatadas". "Hay comunidades que nos ajustamos al presupuesto, cumplimos el déficit y no hemos sido un problema para el conjunto [...] y otras han vivido con más facilidades, muchas más ayudas y algunas condonaciones de deuda que en este momento es bueno poner encima de la mesa para hacer el ajuste necesario en el próximo sistema de financiación", expuso tras citar a Cataluña, a pesar de que otras autonomías recibieron el salvavidas del Gobierno central para no quebrar, como Valencia o Andalucía. Esa "asimetría" debe considerarse a la hora de repartir recursos, negociación que no vinculó a Cataluña. "Sería un grave error mezclar independentismo catalán con la financiación de servicios públicos", matizó tras mostrarse "perplejo" por las quejas de la Generalitat destituida ante un reparto de fondos negociada "casi de forma bilateral" en 2006 con el Gobierno socialista de Zapatero.