La oposición en el Parlamento gallego salió ayer en bloque para censurar la subida del 3,1% en los peajes de la AP-9 que se producirá a partir del próximo 1 de enero. El portavoz de En Marea, Luís Villares, aseguró que el incremento es "un disparate" y "un abuso" que atribuyó a "la incapacidad política" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Es indignante que su incapacidad política le impida negociar precios que no sean abusivos para los usuarios de la AP-9", sentenció el líder de En Marea, tras subrayar que podría "influir" para fijar un tope en el aumento de las tarifas. Sobre todo, según sus palabras, a la vista de que la empresa está repartiendo 45 millones en dividendos sobre una facturación de 145 millones anuales.

El BNG consideró que el anuncio de la empresa Audasa, concesionaria de la principal autopista gallega, la AP-9, de aumentar las tarifas supone un "nuevo abuso" y "un atraco". La portavoz nacionalista, Ana Pontón, también acusó al Ejecutivo central y a la Xunta, gobernados por el PP, de favorecer que "Audasa tenga cada vez más beneficios, aunque eso sea a costa de defender los intereses de los gallegos". Pontón reprochó a Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo por "utilizar el BOE (B oletín Oficial del Estado) para decirles a los gallegos manos arriba, esto es un atraco".

Desde el PSdeG, su portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, reclamó que el Ministerio de Fomento se haga cargo de la subida de los peajes de la AP-9 a principios de año. Según Leiceaga, en esta fecha se producirá un "incremento muy significativo" del coste de estos peajes, derivado de las gestiones "para que pudieran financiarse las obras de ampliación" y también de la decisión del Gobierno central de eliminar ciertas compensaciones años atrás "como consecuencia de la crisis económica".

Como alternativa, Leiceaga propuso la apertura de una "negociación directa entre la Xunta y el Ministerio de Fomento que evite la subida de las tarifas y que garantice unas condiciones razonables para la circulación.