El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense acoge desde ayer la vista oral contra seis excargos del bipartito (dos del PSOE y cuatro del BNG), acusados de un delito de prevaricación continuada por la contratación de cinco trabajadores en el Concello de Ourense entre 2008 y 2013 mediante la modalidad de asistencias técnicas. La causa llega a juicio tras un dilatado procedimiento que ha sentado en el banquillo de los acusados al exalcalde Francisco Rodríguez, los exconcejales Áurea Soto, Iolanda Pérez y Fernando Varela, y los exdirectores generales Xosé Carballido y Xosé Somoza, que desempeñaron diversas competencias políticas en el período en el que se realizaron las contrataciones ligadas a las áreas de Rehabilitación y Urbanismo.

La Fiscalía y la acusación particular que representa a USO solicitan penas de 10 años de inhabilitación para cada uno de ellos. La defensa ha pedido la libre absolución.

El exalcalde Francisco Rodríguez avanzó que el levantamiento de reparos que hizo sobre las sucesivas facturas que estos trabajadores presentaban al mes responde a una práctica "de toda la vida, en los ayuntamientos", una fórmula, añadió, "en la que no veo delito porque hasta donde sé, levantar reparos es una potestad del alcalde". Sobre la contratación por la fórmula de las asistencias técnicas que se prolongó en el tiempo, el exregidor indicó que "había que prestar un servicio a los ciudadanos" y que "no había otra forma de hacer una contratación". En base a informes técnicos" el equipo de Gobierno local optó por hacer contrataciones externas que, según puntualizó, "se llevan haciendo en Ourense desde hace más de 20 años".

La primera jornada se centró en la declaración de los cinco profesionales contratados con asistencias técnicas: tres arquitectos y una aparejadora para el área de Rehabilitación gestionada por el BNG y un asesor jurídico para la Concejalía de Urbanismo, cuyas competencias asumía la socialista Áurea Soto. La Fiscalía sostiene que los cuatro cargos nacionalistas actuaron "de forma confabulada" con Soto y el entonces alcalde al prorrogar dichos contratos. Los cinco trabajadores negaron ayer cualquier relación previa a su contratación con los acusados, a quienes afirmaron no conocer. Manifestaron que recibían instrucciones de los jefes de servicio y no de los concejales, con los que se reunían de forma ocasional. La declaración de los seis encausados será mañana.