Los impagos de pensiones de Venezuela dejan ya casi 400 demandas en Galicia

Los tribunales gallegos han dado la razón a 60 retornados residentes en la comunidad y condenan a la Seguridad Social española a compensarles con una prestación mínima

13.12.2017 | 12:58
Protesta de jubilados retornados de Venezuela ante el Consulado de Vigo por el impago de sus pensiones.

La difícil situación que atraviesan los más de 3.500 gallegos que trabajaron en Venezuela y regresaron a España, al dejar de percibir las pensiones de jubilación (o de otra índole) por parte del Gobierno de Maduro, ha llegado ya a los juzgados gallegos. Las salas laborales recibieron desde el verano unas 380 demandas y las sentencias dictadas hasta ahora dan la razón al colectivo, según datos de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg).

El problema suma ya 23 meses. Casi dos años en los que muchos de los pensionistas se han quedado sin ahorros y en muchos casos en situaciones de riesgo de pobreza. La causa es que el Gobierno español les deniega los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas o asistenciales por ancianidad que les corresponden. Se trata de la cantidad adicional que se añade al importe de la pensión, en su modalidad contributiva, cuando ésta no alcanza el mínimo fijado legalmente.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniega estas compensaciones sociales a los afectados alegando que existe un derecho reconocido que es la jubilación otorgada por Venezuela, aunque éste lleve casi dos años sin hacerse efectivo. Por eso, a estos jubilados solo les queda acudir a los tribunales a reclamar sus pensiones y ahí sí están ganando la batalla. Pero como en los juzgados de algunas ciudades la demora es de casi un año y el plazo máximo para resolver estos litigios es de dos años, eso explica que de las casi 400 denuncias interpuestas solo se hayan resuelto unas 60, apenas el 15%.

La mayoría de demandas presentadas en los juzgados de la comunidad son de gallegos que trabajaron en Venezuela y, de vuelta a España, también lo hicieron aquí. "Al cotizar en dos países, tienen una pensión a prorrata", explican fuentes jurídicas. El problema es que, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro dejó de abonarles la cuantía mensual correspondiente a ese país muchos de estos jubilados se quedaron solo con la relativa a España, que en multitud de casos es ínfima, incluso, en ciertos supuestos, inferior a los 100 euros al mes.

En los juzgados laborales gallegos ya se dictaron unas 60 sentencias. Se trata de casos de pensionistas que tienen reconocida una prestación de jubilación en virtud del convenio hispano-venezolano de Seguridad Social vigente desde 2009, en una cuantía que en la actualidad es de 98,93 euros. Y esta es la única cantidad que han venido recibiendo cada mes desde hace casi dos años debido al impago de la parte de la pensión que debe sufragar Venezuela. Todos los fallos dictados hasta ahora coinciden en estimar íntegramente la demanda y condena al INSS español a que se le reconozca el derecho a percibir una cuantía básica, así como a que abone al demandante lo que debería haber percibido desde que Venezuela dejó de cumplir el convenio con España.

Las sentencias recogen que el derecho a una prestación en Venezuela, argumentado por la entidad gestora, no es real ni efectivo, porque no se cobra, circunstancia que obliga a la Seguridad Social española a reconocer el complemento a mínimos que ahora se deniega. Igual que en los juzgados de lo Social de varias ciudades, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya ha resuelto casos en los que insta al Gobierno central a compensar a los retornados que no cobran la jubilación de Venezuela.

Como muchos de los perjudicados son personas mayores que desconocen el proceso para reclamar, desde la Apejuveg realizan varias jornadas informativas para resolver todas las dudas.

El procedimiento se inicia con una apelación administrativa que luego pasa al Juzgado de lo Social y si el Instituto Nacional de la Seguridad Social presenta recurso se deriva al Superior gallego. Pero si pasados 30 días se produce silencio administrativo y no hay contestación de la otra parte se puede iniciar con un recurso la denuncia por la vía judicial.

Desde la asociación de afectados destacan que muchos procesos se retrasan no solo por la demora de la Justicia sino porque muchos afectados no saben que pasado ese tiempo pueden demandar y creen que tienen que esperar a recibir una respuesta.

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