La Xunta defendió ayer que las aguas subterráneas de la zona minera de Touro y O Pino "no están contaminadas" y aseguró que la reapertura de la explotación estará condicionada a que "cumpla todas las garantías urbanísticas, técnicas y medioambientales".
En su comparecencia ante una comisión del Parlamento de Galicia, el director general de Energía y Minas de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, afirmó que "un nuevo proyecto minero debe solucionar de manera integral la situación de la zona, convirtiendo ese pasivo medioambiental en un activo ambiental, como ocurrió en As Pontes o en Meirama".
Tahoces aseguró que el proyecto está todavía en "tramitación" pero se comprometió a que "solo se autorizará en caso de cumplir todas las garantías urbanísticas, técnicas y medioambientales en los estándares máximos de calidad".
También añadió que "en caso de reanudarse la actividad minera en la zona, la Xunta pondrá todos los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley en todas las fases de la explotación y hasta la completa restauración" de los terrenos.
El representante de la Xunta respondió así a una pregunta formulada por el diputado de En Marea Pancho Casal, quien cuestionó la trayectoria de Atalaya Mining en la mina de Riotinto en Huelva, donde "acumula varias denuncias" por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente de Andalucía, dijo.
El proyecto para explotar la mina de cobre está liderado por la firma Cobre San Rafael, participada por Explotaciones Gallegas, que es la propietaria del terreno situado entre los municipios de Touro y O Pino, y por Atalaya Mining, una multinacional propiedad del grupo chino Yanggu Xiangguang Copper, la suiza Trafigura y los fondos de inversión Orion Mine Finance y Liberty Metals & Mining.
El proyecto, que prevé invertir 200 millones de euros y crear 400 empleos directos, ha suscitado críticas de varios sectores que cuestionan la falta de garantías para la mina, abandonada en 1988 por la multinacional minera británica Río Tinto.
