"Un nivel de precariedad laboral, de contratación temporal, que supera todos los límites de lo permisible". Ese es, en palabras del profesor de Derecho Administrativo en la Universidade de Santiago Antonio Javier Ferreira, el diagnóstico que los expertos de Red Localis realizan en su Radiografía de la gestión de recursos humanos en los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de Galicia, donde constatan cómo cuatro de cada diez efectivos de estos concellos son personal laboral temporal, situación que instan a superar mediante varias medidas.

Entre ellas, "hacer mayor hincapié en la supramunicipalidad y la cooperación" en tareas de "selección" de personal" y la posibilidad de "colaboración" en ciertos puestos, a la par que urgen abordar "procesos de consolidación del empleo local y de la regularización" de estos "miles de empleados locales en situación precaria". Asimismo, ven "urgente" una reforma legislativa que simplifique la dispersión normativa" actual y "dote de seguridad jurídica" en la materia a los operadores locales.

Porque los datos que expusieron tres de los autores del informe en Santiago -además de Antonio Javier Ferreira, Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo, y Miguel Ángel Santirso, tesorero de la Diputación de Pontevedra y docente de la EGAP), que firman el documento junto a Concepción Campos- reflejan unas plantillas de 12.104 empleados públicos municipales en Galicia de los que un 42,7%, la mayoría, es personal laboral temporal, lo que supone, además, conflictividad jurídica, en relación a litigios que llevan a que muchos empleados se conviertan en indefinidos no fijos.

El porcentaje de temporalidad alcanza su nivel más bajo en la provincia de Pontevedra, donde no llega al 30%, y se duplica en el interior, en Lugo y en Ourense, mientras en A Coruña es del 40,5%. Solo uno de cada tres empleados de los concellos analizados en Galicia son funcionarios y uno de cada cuatro son laborales fijos.

Según explicó Ferreira, la "colaboración supramunicipal" para aliviar una situación casi "insostenible" y que conlleva "ineficiencia", puede venir por varias vías, desde facilitar la selección hasta personal que preste servicios en varias entidades, como ya ocurre en ámbitos como la fiscalización. Los convenios de colaboración, añadió Santirso, pueden ser con otros concellos, con las diputaciones o con la Xunta e incluso puede contemplarse la opción de la fusión, conceden, pero no hay "recetas" únicas, sino que hay que ver cada caso, y el proceso requiere, apunta Santirso, de un "marco político sosegado".

Como apuntó Alberto Vaquero, la cuestión está en "evitar políticas coyunturales, de parcheo" y "estudiar la oferta y la demanda", "hasta qué punto hace falta prestar" el servicio y el "mecanismo de colaboración, que puede ser múltiple". En todo caso, inciden que de cara al futuro Europa urge a reducir la temporalidad.