Invertir en una vivienda supone un desembolso importante para muchos gallegos que además tienen que depositar casi una confianza ciega en el promotor, sobre todo cuando se compra sobre plano.

Y durante la crisis, la quiebra de algunos de estos empresarios, e incluso la picaresca de otros, dejó a muchos compradores sin vivienda y endeudados.

De ahí que la Xunta haya decidido crear un Rexistro de Promotores, al que obligatoriamente se tendrán que apuntar todos estos empresarios, y con el que se busca dar "mayores garantías y seguridad a las personas adquirientes y garantizar la transparencia en el mercado".

Este registro, que será público, permitirá a los futuros compradores comprobar los medios materiales y personales con los que cuenta el promotor al que le van a comprar la vivienda.

También constará en este censo la relación de obras ejecutadas en los últimos diez años, así como las sanciones y sentencias firmes que pesen sobre ellos en materia de vivienda libre o protegida, contratación inmobiliaria y actividad urbanística.

El nuevo decreto que ultima la Consellería de Infraestruturas advierte de que para poder desempeñar su actividad en Galicia será requisito imprescindible inscribirse en este registro. La creación de un nuevo registro público, de carácter obligatorio, podría afectar a la libre competencia del mercado, y por eso la Xunta consultó al Consello Galego da Competencia, quien advirtió de que este tipo de censos deben "justificarse adecuadamente, ponderando que se trata de la opción que tenga menor incidente negativo sobre el funcionamiento del mercado".

Este órgano terminó, sin embargo, por darle el visto bueno al analizar el contenido del decreto y concluir que esta norma "favorece la libre competencia y la unidad de mercado", puesto que es compatible con seguir inscrito en otros registros de ámbito autonómico, estatal y de la UE.

El incremento de los desahucio durante los últimos años debido a la crisis ha motivado a la Consellería de Infraestruturas a incluir en este nuevo decreto medidas de flexibilización en la forma de pago de las viviendas de promoción pública. Así, por ejemplo, en caso de que el adjudicatario tenga dificultades para pagar la hipoteca la Xunta incrementará en hasta tres años el plazo de amortización para que pueda rebajar la cuota mensual.

No es la única opción que tendrán los propietarios de viviendas de promoción cuando atraviesen complicaciones económicas y no sean capaces de afrontar los pagos mensuales. La Xunta les permitirá entregar la propiedad del piso, que volverá a manos del IGVS, y seguir residiendo en él bajo régimen de alquiler.

Pero para ello la Consellería de Infraestruturas deberá compensar a los propietarios por las cuotas amortizadas. El nuevo decreto advierte, en todo caso, de que se podrá denegar el cambio a régimen de alquiler cuando el IGVS no tenga disponibilidad presupuestaria para abonar a los dueños de la vivienda pública las cuantías invertidas.