La Xunta amplía el límite de ingresos para poder acceder a una vivienda pública lo que permitirá que un mayor porcentaje de gallegos puedan optar a un piso en condiciones más ventajosas que las del mercado libre y con posibilidad además de beneficiarse de las ayudas públicas que ofrece el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para su alquiler o adquisición.

Tras una larga tramitación, la Consellería de Infraestruturas ultima el nuevo decreto que regula las viviendas protegidas y que espera aprobar en el primer semestre de 2018. Con esta normativa el tope de ingresos para beneficiarse de un piso tanto de promoción (aquellos que son propiedad o construidos directamente por el IGVS) como de protección (impulsados por promotores privados) sube de 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) a 3 veces el IPREM. Es decir, si antes se exigía estar por debajo de los 18.797 euros anuales para acceder a una vivienda pública, ahora este baremo se eleva a 22.557 euros, un 20% más.

Esto incrementará el número de solicitantes inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida, que actualmente se sitúa en 12.000 y que se desplomó a la mitad en los últimos cinco años. La principal ventaja de poder optar a un piso público es el precio. Según los datos del Ministerio de Fomento, un inmueble protegido cuesta en Galicia 931 euros por metro cuadrado, un 21% menos que una vivienda libre.

Pero la ampliación de los límites de renta no es la única novedad de este decreto, al que el Consello Galego da Competencia acaba de dar su visto bueno:

EBonificaciones del IBI. La Xunta priorizará la construcción de viviendas de promoción pública en aquellos concellos que cedan suelo o que apliquen una bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 50% a estos inmuebles.

EViviendas concertadas. Es un nuevo tipo de vivienda de promoción pública. En este caso, no serán construidas por el IGVS sino por otra entidad pública o privada. La Xunta firmará un convenio para que pasen a formar parte de la bolsa de pisos públicos y satisfacer así a la demanda existente en algunos concellos en los que hay muchos solicitantes y poca oferta.

EEn derecho a superficie. Para facilitar el acceso de colectivos desfavorecidos a una vivienda, la Xunta ha ideado un nuevo modelo de adjudicación en derecho de superficie. Consistirá en la cesión del inmueble a los adjudicatarios que podrán disfrutar del piso en calidad de dueños durante un periodo de 30 años a cambio de un canon. Pasado este periodo de tiempo, la propiedad volverá al IGVS.

ECopropiedad. Otra fórmula novedosa para acceder a una vivienda pública: los demandantes, con rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM, que tengan dificultades para asumir el coste íntegro de un piso podrán adquirirlo en régimen de copropiedad con la Xunta. El IGVS aportará entre el 20 y el 40% del valor de la vivienda y los adjudicatarios podrán comprar más tarde la parte de propiedad que corresponda a la Administración pública.

EPrecios más bajos. La Consellería de Infraestruturas ajusta los precios que podrán fijar los promotores cuando construyan viviendas de protección. El porcentaje del valor del suelo que podrán repercutir en el precio de la vivienda será del 20%, en el régimen general, cuando ahora podían elevarlo hasta el 25%. En el régimen especial, que es cuando los pisos se destinan a las rentas más bajas, este porcentaje se reduce del 20 al 15%, equiparándose así con los márgenes de las viviendas de promoción.