No pocos contribuyentes supieron de la existencia del llamado Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbano hasta que vendieron un vivienda o un local comercial. Este tributo era el gran desconocido, pero en los últimos años ha provocado un tormento para cada vez más propietarios que pese a vender un inmueble sin obtener plusvalía alguna tuvieron que afrontar su pago al ayuntamiento de turno.
En los tres últimos años no han parado de dictarse sentencias en los juzgados de distintas comunidades tras los recursos presentados por los contribuyentes que venden a pérdidas. Los órganos judiciales concluyen que si en la transacción de un inmueble no ha habido un incremento en términos económicos y reales no procede el pago del impuesto.
El Tribunal Constitucional dictó su primer fallo que tumba el cobro del impuesto de plusvalía cuando no hay ganancia en febrero del año pasado. Y fue a mediados de junio cuando el Alto Tribunal hizo extensible su contenido a todo el territorio.
Incluso antes de que el Constitucional emitiese su primera sentencia sobre el tributo, que en Galicia aplican un total de 115 ayuntamientos (51 de la provincia de A Coruña, 10 de Lugo, 13 de Ourense y 41 de Pontevedra), la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) propuso en su hoja de ruta para la reforma del sistema de financiación local la revisión del impuesto de plusvalía. "Resulta urgente una revisión", defendían los alcaldes gallegos, que advertían de que este gravamen "determina plusvalías en todos los supuestos cuando, por el efecto de la crisis y la depreciación de los inmuebles, se están generando auténticas minusvalías". Por ello, el órgano de poder local gallego proponía definir la base imponible atendiendo a las "efectivas plusvalías", en particular a las derivadas de las actuaciones urbanísticas, "integrándolo como IRPF a través de las deducciones oportunas para evitar dobles imposiciones".
