Uno de cada cinco ayuntamientos gallegos con Policía Local tiene más del 30% de sus plazas vacantes. La crisis y la congelación de oposiciones de empleados públicos que impuso el Gobierno central en 2012 están detrás de este déficit de personal en los 130 ayuntamientos de la comunidad que disponen de su propia unidad de seguridad. Para tratar de agilizar la cobertura de vacantes, la Xunta centralizará desde este año las oposiciones y gestionará una bolsa de puestos para toda la comunidad, tal y como recoge el decreto aprobado el pasado mes de noviembre. El Ejecutivo autonómico y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) avanzaron ayer para hacer la primera convocatoria centralizada para la Policía Local a través de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp).
Durante una jornada formativa organizada ayer, a la que acudieron representantes de 80 concellos, se abordó el alcance del decreto aprobado por la Xunta y se resolvieron las dudas planteadas sobre su aplicación. La previsión es que este año se convoque el primer proceso unitario para el ingreso en la categoría de Policía Local y también para la cobertura de las plazas de auxiliares de la unidad policial y de vigilantes municipales.
Los concellos que se sumen a la convocatoria centralizada firmarán un convenio por un plazo de cuatro años, por el que la Xunta asumirá las oposiciones de las plazas vacantes y la organización de los cursos selectivos de formación o de capacitación. Los ayuntamientos adheridos deberán comunicar el número, denominación y características de las plazas que se tendrán que convocar.
En el acto de inauguración de la jornada, el presidente de la Fegamp, Alfredo García, aplaudió el alcance del decreto, en especial para los ayuntamientos más pequeños, ya que supone "una descarga de responsabilidad" y "un adelanto a la hora de hacer cambios de los cuadros de personal" que -advierte- hasta ahora resultaban "muy complicados" debido a la "complejidad de los procedimientos y a la gran cantidad de candidatos que atraen estas pruebas".
Desde la Xunta apuntan que el decreto es un paso más en su apuesta por la colaboración entre administraciones y la suma de esfuerzos para "ser más eficientes" y garantizar el "mantenimiento de la calidad en la prestación de servicios públicos a los gallegos".
