El comité de huelga de Xustiza dio ayer por rotas las negociaciones con la Xunta para intentar mejorar sus condiciones laborales y acusó al Ejecutivo autonómico de abocar a los trabajadores a otra jornada de paro, la tercera, el próximo jueves 25 de enero. Tras la reunión celebrada ayer, el comité de huelga, compuesto por las siete organizaciones sindicales representativas de la totalidad de los trabajadores de la justicia en Galicia, aseguró que el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, ha "ninguneado" al vicepresidente y responsable autonómico del área judicial, Alfonso Rueda.

La Administración de Justicia de Galicia afrontó en diciembre sus dos primeras jornada de huelga para demandar unas condiciones laborales y salariales de calidad, frente a la discriminación que dicen sufrir frente a los empleados de otras comunidades. Los sindicatos convocantes cifraron el seguimiento medio en ambas jornadas en un 80%, mientras que la Xunta lo redujo al 50%.

Tras las huelgas del 2 y 13 de diciembre, hay convocada otra jornada de paro el 25 de enero y pasará a ser indefinida a partir del 7 de febrero si no hay avances.

Los siete sindicatos recordaron ayer que Rueda auguró que se produciría "un avance sustancial" en el nuevo encuentro, después de que se registrasen algunas aproximaciones la pasada semana, aunque quedaron pendientes asuntos claves para los sindicatos.

Sin embargo, el comité de huelga incidió en que en el encuentro, Barreiro no solo "no hizo mejora alguna en la oferta a los trabajadores", sino que, por el contrario, "aniquiló cualquier posibilidad de acuerdo" al "despreciar los pequeños avances logrados con la mediación de la presidenta del Consello de Relacións Laborais, a quien "también ignoró dejándola fuera de la negociación".

Por su parte, Vicepresidencia trasladó a Europa Press que "mantuvo siempre la voluntad negociadora en las ocho reuniones celebradas" e hizo "una oferta económicamente muy generosa, que situaría a los trabajadores en la media de lo que cobran en otros territorios".

"Las reivindicaciones que mantienen los sindicatos son legal y económicamente imposibles. Plantean incrementos retributivos de 270 euros al mes, lo que significa casi un incremento del 16%", contrapuso.