Galicia obligará por ley a que las piscinas termales cuenten con un seguro para cubrir posibles accidentes de los usuarios y pasen controles sanitarios y de higiene de forma periódica, cubriendo el "vacío legal" detectado. "Encontramos espacios termales que la gente utiliza y tenemos dificultad para garantizarle las condiciones sanitarias y un seguro. Eso nos preocupa", justificó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre el proyecto de ley que aprobó el Consello y que ahora será remitido al Parlamento. Se prevé su aprobación definitiva y entrada en vigor este mismo año.

El Ejecutivo aseguró ayer que se trata de la primera ley que regulará el aprovechamiento lúdico de las aguas termales, aquellas que aportan beneficios para la salud y están a una temperatura cuatro grados superior a la de la zona, pero Feijóo insistió en diferenciarla de la legislación sobre termalismo, que data de 1995 y afecta a las aguas con propiedades minero-medicinales con fines terapéuticos. En este sector, Galicia cuenta con 21 balnearios y 5 talasos con 3.000 plazas hoteleras, lo que la sitúa, según la Xunta, como primera potencia en España y segunda en Europa. Destacó que ambos campos son complementarios, pero alegó el vacío legal sobre las primeras para impulsar esta nueva legislación.

Los responsables de termas abiertas al público deberán garantizar unas condiciones mínimas de higiene y salubridad y contar con un seguro, algo no garantizado ahora, aunque ya exigido en algunos municipios para su explotación. "Puede haber algún concello que sacase una concesión [para explotar unas termas] y lo exigiese", comentó Feijóo antes de añadir: "Encontramos espacios termales que la gente utiliza y tenemos dificultad para garantizarle a la gente las condiciones sanitarias y un seguro; eso nos preocupa".

Una vez entre en vigor la ley, los espacios termales, dispondrán de un año para adaptarse a ella. Además, las piscinas de uso público tendrán una concesión de 30 años prorrogable hasta 75, mientras que las situadas en suelo privado estarán autorizadas sin límite, pero con revisiones cada década.