Hace poco más de dos semanas, el pasado 11 de enero, entró en vigor la nueva Lei de Protección e Benestar Animal, que, entre otras novedades, prohíbe el sacrificio de animales. Esa práctica se castigará con multas de entre 5.001 y 30.000 euros, aunque sí se permitirá la eutanasia para evitar su sufrimiento, siempre que esté prescrita y practicada por un veterinario. Además, la nueva norma introduce el concepto de "perrera deportiva" para aquellas instalaciones que tengan 15 perros mayores de tres meses y que se usen para la práctica de la actividad cinegética. Estas instalaciones, al igual que los centros de recuperación de fauna, las residencias de animales o los centros de terapia, deben inscribirse en el Reganuz (Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos), por cuestiones de salud pública y medioambientales.

Pero no basta con la simple autorización. Estos núcleos zoológicos (así los denomina la ley) deben estar avalados por una memoria descriptiva de la actividad y un proyecto técnico que describa el cierre de la perrera, sus dependencias, la zona de lazareto para perros enfermos y los sistemas de eliminación de excrementos, agua, o electricidad. Un veterinario debe aportar, además, un informe sobre la limpieza de los locales y el manejo de los canes que se alojan aquí. Se aportará, además, un informe sobre la forma de tratar los restos y cadáveres. La tasa de autorización cuesta 48,48 euros.

La norma no ha tardado en despertar las críticas de los cazadores gallegos, que se sienten "perjudicados", porque siempre se pone al sector "en el punto de mira" cuando, en realidad, tratan a los perros "de una forma excelente para que trabajen bien". En temporada de caza, los animales salen todos los días, mientras que fuera de temporada es frecuente que cada cazador los saque a ejercitarse una o dos veces por semana, en una finca propia o en un espacio adecuado.