El sector de la construcción afronta la mejora de la economía a dos velocidades. Durante los tres últimos años, en Galicia se venden más pisos y a precios más elevados y también se construyen nuevas viviendas. Sin embargo los buenos resultados del mercado residencial no alcanzan a los contratos de las administraciones. La crisis del ladrillo, que obligó a cerrar más de 6.000 empresas constructoras en Galicia y forzó el despido de casi la mitad de la plantilla, ha colocado la licitación de obra pública en la comunidad en mínimos históricos. Un total de 533,57 millones de euros es la inversión en infraestructuras que se dejaron entre enero y noviembre del año pasado Xunta, Estado, concellos y diputaciones, según datos de la patronal de la construcción Seopan. El volumen inversor de las administraciones públicas en Galicia hoy apenas representa en 5% de los fondos inyectados en el conjunto del país, la mitad del bocado que le metía hace solo dos años a la tarta de licitación de obra pública de toda España.

Para encontrar una partida tan baja hay que remontarse a 2013, año en el que los fondos reservados para contratos públicos en Galicia rondaban los 564 millones. El volumen inversor de 2017 -a falta de los datos de diciembre- se queda muy lejos de los más de 2.500 millones que se dejaban Gobierno central, Xunta y concellos en pleno boom del ladrillo y supone un 35% menos que los consignados en el mismo periodo en 2016 (821,4 millones). Solo Galicia y otras dos comunidades (Asturias y La Rioja) van camino de cerrar el balance del año pasado en números rojos. A la cabeza del desplome inversor se coloca La Rioja (casi un 40% menos que los primeros once meses del ejercicio anterior). El segundo puesto por la cola es para la comunidad gallega y, finalmente, Asturias, que soporta una caída del 25,2%. En el conjunto del Estado, las administraciones protagonizaron un aumento medio en sus contratos del 31,6%.

Si hace años, los concursos de obra pública en Galicia suponían casi el 10% de toda la inversión en infraestructuras en el conjunto del país, ahora apenas suponen el 5%. Los proyectos licitados entre enero y noviembre en toda España rondan los 11.000 millones de euros, de los que el 4,9% corresponden a la comunidad gallega.

Detrás de este desplome de los concursos de obra pública en la comunidad está el recorte del Gobierno central, que redujo sus inversiones en Galicia en el último año más de un 70%. Por el contrario, la inversión de la Xunta ha crecido en los primeros once meses del año pasado un 14,2%, al pasar de los 147,7 millones de 2016 a los más de 168 millones del ejercicio pasado. Entre las administraciones autonómica, el Ejecutivo gallego se queda por debajo del crecimiento medio alcanzado en el resto del territorio (46,8%), según el balance de Seopan. Solo los gobiernos autonómicos de Baleares y Castilla y León metieron la tijera el año pasado a la obra pública, un -47%y -6,7% respectivamente. En el extremo opuesto de la tabla inversora de las administraciones autonómicas están Comunidad Valenciana y Extremadura (por encima del 200%), seguidas de Navarra (casi un 150% más) y Castilla-La Mancha (135%).

En relación a los años de bonanza, la inversión en obra pública en Galicia es tan pequeña que las grandes empresas de ámbito nacional también se han visto obligadas a concurrir por proyectos que ni alcanzan los 300.000 euros. Ni una tercera parte del presupuestos mínimo que se fijaban antes de la crisis para optar a una convocatoria de las administraciones, que superaba el millón de euros. Esta escasez de concursos respecto a los años del boom del ladrillo también ha llevado a las constructoras a presentar ofertas a la baja para intentar hacerse con el contrato. En algunos casos, la rebaja alcanza el 40%.

Y ante el escaso mercado de obra pública en Galicia y el resto de España, son cada vez más las empresas en la comunidad que también hacen las maletas y buscan hacerse con concursos en el extranjeros. En la actualidad, más del 40% de las constructoras gallegas concurre a proyectos de obra pública fuera de España, cuando antes del pinchazo del ladrillo apenas lo hacía una de cada vez empresas del ladrillo asentadas en Galicia. Sus números en el extranjero, fundamentalmente en países de Iberoamérica, Portugal y recientemente en África, les dejan un 80% más de ingresos que la obra pública en la comunidad.