El comité de huelga de Xustiza, formado por los siete sindicatos que representan a la totalidad de los más de 2.600 trabajadores de la justicia en Galicia, elevó ayer el tono de sus reclamaciones y dio un ultimátum a la Xunta para "seguir con la negociación" con la mediación del Consello de Relacións Laborais. Los representantes de los trabajadores pusieron como fecha tope para la reunión el día de mañana. De lo contrario, mantienen el paro indefinido que está programado a partir del 7 de febrero.

En un comunicado, el comité informó de que ayer presentó un escrito dirigido al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; al director xeral de Xustiza, Juan José Martín, y a la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais.

El comité explica que el pasado 19 de enero, la Xunta "abandonó de forma unilateral" la mediación que estaba realizando el Consello de Relacións Laborais, "siendo la única que, hasta ahora, fue capaz de alcanzar ciertos avances en la solución del conflicto".

"El acercamiento de las partes en conflicto solo puede pasar por definir de forma clara y precisa las posturas de ambas, es decir, lo que no es asumible para la Administración y lo que es inaceptable para el comité de huelga, y eso necesita de luz y taquígrafos", agregan.

Por ello, solicitaron que "siga la negociación en el Consello Galego de Relacións Laborais, con la mediación de su presidenta, debiendo convocarse la mesa negociadora como máximo para el próximo miércoles 31 de enero".

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reafirmó ayer en que la subida salarial "del 16%" -unos 270 euros mensuales- que demandan los funcionarios de Xustiza es "inasumible", pero insistió en que el Gobierno gallego sigue "abierto al diálogo" y "mantiene" su propuesta económica "sobre la mesa".

"Seguimos manteniendo sobre la mesa una propuesta que acredita, comparativamente, que ni mucho menos los funcionarios de la administración judicial de Galicia sean los que menos perciben del Estado", esgrimió. El Ejecutivo defiende que la propuesta que plantea en el proceso negociador sobre el complemento autonómico transitorio (75 euros/mes para los gestores; 62 euros/mes para tramitadores y 55 euros/mes para auxilios) sitúa a los empleados públicos autonómicos en la media del resto de territorios.