La instalación de antenas destinadas a dar cobertura a la telefonía móvil no solo genera polémica por sus posibles repercusiones sobre la salud, sino también ingresos a las arcas municipales al margen de la imposición de sus propias ordenanzas. El Gobierno central distribuyó en 2016 entre los concellos gallegos...
Siga leyendo la noticia en Orbyt, o suscríbase a La Opinión de A Coruña y tenga acceso completo a todas nuestras noticias sin límites.
