Diez años después de la entrada en vigor de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), la Xunta está después a asumir más competencias para poner coto no solo a viviendas, fines de semana o naves industriales levantados en suelo rústico o en zonas de costa no edificable. El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente también se propone asumir el control de las obras que no necesitan de licencia, sino de una simple comunicación previa.

En la lista de obras menores están los galpones, establos, construcciones agrícolas como gallineros e incluso los muros de cierre. Son estos últimos, según detalló el director de la APLU, José Antonio Cerdeira, durante una jornada formativa celebrada hoy en A Coruña, los que "provocan más conflictos" en los municipios del rural. Durante este año, esta nueva competencia solo se ejercerá en los concellos de menos de 5.000 habitantes, que son los que menos recursos disponen en la gestión administrativa del día a día. La voluntad, según avanzó Cerdeira, es poder ampliarla a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

Recaudaciòn

La APLU también se encarga de resolver los recursos que presenten los propietarios afectados por una orden de demolición en aquellos concellos adheridos -en la actualidad ya son 69- y repartirá con los ayuntamientos el 10% de lo recaudado por las sanciones, hasta un máximo de 30.000 euros.

Hasta ahora se aportaba el 50% a los ayuntamientos pero tan solo de las multas impuestas en suelo de núcleo, pero a partir de ahora los convenios de adhesión incluirán también la recaudación por multas en suelo rústico (de competencia autonómica) y que son las que aportan el grueso de la recaudación por ilegalidades urbanísticas.

"Auxilio" de la APLU

En la inauguración de la jornada, Novos servizos e competencias da APLU, que congregó en A Coruña a un centenar de alcaldes, concejales y técnicos municipales de la provincia, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, avanzó que la ampliación de competencias de la agencia urbanística es una demanda de los propios ayuntamientos, que reclaman que ésta pueda asumir la disciplina urbanística en todo tipo de obras y usos del suelo.

"Son las pequeñas construcciones, como muros de cierre o alpendres, as que generan la gran mayoría de las infracciones en los concellos más pequeños, precisamente los que necesitan del auxilio de la APLU para poder ejercer sus competencias en materia de urbanismo", detalló Mato.

Derribos

El balance de la actividad de la agencia urbanística del año pasado bate un nuevo récord, con un total de 205 edificaciones ilegales reducidas a escombros (64 en la provincia de A Coruña, 36 de Lugo, 13 de Ourense y 92 de Pontevedra), frente a los 182 del 2016. Los inspectores de la APLU realizaron más de 1.200 inspecciones, que derivaron en la apertura de 441 expedientes y multas por un importe de más de 1,6 millones de euros.