Cuatro horas. Ese fue el tiempo que tuvo de vida la resolución de la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta en la que anunciaba que no concedía días de asuntos propios ni de vacaciones en febrero al personal de Justicia y que revocaría los ya aprobados ante la amenaza de huelga indefinida a partir de la próxima semana.

La medida fue contestada con rapidez por el comité de huelga, que incluye a los siete sindicatos con representación en el ámbito judicial, que presentó dos horas después una denuncia en el juzgado de guardia de Santiago porque consideraba que la medida de la Administración gallega iba en contra del derecho a la huelga. A última hora de la mañana, la resolución, que había sido publicada en la intranet de Xustiza, fue retirada por lo que la suspensión de los días libres quedó sin efecto. Para comprobarlo, hubo trabajadores que pidieron días de vacaciones y fueron concedidos, aseguraron fuentes sindicales.

La Dirección Xeral de Xustiza había justificado la decisión, "absolutamente excepcional", por una serie de "movimientos de personal" en la Administración de Justicia, que se unían a la previsión de huelga indefinida, "lo que sin duda puede provocar una afectación muy significativa perjudicial al funcionamiento del servicio público", así como a los "derechos de la ciudadanía".

El documento, firmado por el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, achacaba la decisión a la entrada en funcionamiento de cuatro nuevos órganos judiciales; a la desocupación de plazas de los comisionados para los nuevos juzgados; a la resolución del concurso de traslados en el que 163 funcionarios cambiarán de puesto de trabajo y al procedimiento de provisión de los puestos desocupados que dejan los concursantes.

Para los sindicatos, la instrucción, "impide o limita" el ejercicio de libertad sindical y el derecho de huelga, pese a que la amenaza del paro indefinido en el sector desde el próximo día 7 de febrero cumplió "los plazos legales de preaviso".

Los funcionarios rebatieron los argumentos de la Xunta para justificar la supresión de las libranzas durante el mes de febrero y señalaron que la fecha de entrada en funcionamiento de los nuevos juzgados y la resolución del concurso de traslados era conocida "desde hace meses".

"Esta limitación del ejercicio de derechos significa la infracción del derecho constitucional a la huelga, que no se puede limitar, y menos con una regla general", se quejaron los sindicatos de Justicia en su denuncia.

Con este ambiente enrarecido, la Xunta convocó al comité de huelga del personal de Justicia a una nueva reunión hoy. La principal diferencia que se mantiene entre las partes negociadoras es la cuantía salarial, ya que las organizaciones sindicales reclaman una subida de 270 euros al mes, lo que supone entre el 12 y el 16%, algo "inasumible para las arcas públicas", según afirmas fuentes de la Administración.

El Gobierno gallego sostiene que ya se ha llegado a un consenso en "varios aspectos de la negociación, que redundan en mejoras tanto para los propios trabajadores como en la prestación de servicios a la ciudadanía". En concreto, se llegó al consenso en tres de los cinco asuntos que estaban sobre la mesa, y ahora queda la principal diferencia en la cuantía salarial.