El conflicto entre la Xunta de la comunidad gallega se enquista tras el fracaso de la reunión de ayer que terminó con un encierro en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), sede de la Dirección Xeral de Xustiza y posterior desalojo por parte de la policía. La Xunta, por su parte, critica el "inmovilismo" de las organizaciones sindicales al optar por romper las negociaciones y defiende que la oferta de la Administración autonómica ha sido "mejorada" para tratar de llegar a acuerdo. Esta falta de entendimiento se produce a solo seis días de una huelga indefinida del sector judicial convocada desde el próximo miércoles. Si el paro del pasado jueves en Santiago -la tercera en este mes- paralizó los juzgados de toda Galicia con la suspensión de 500 juicios, los sindicatos alertan de los "daños económicos" y el colapso de los tribunales que provocaría la paralización de la actividad judicial desde la próxima semana.
El comité de huelga, integrado por los siete sindicatos gallegos, critica la desaparición de 106 plazas de funcionarios desde 2013, la degradación del servicio, descuentos de hasta la mitad del sueldo en bajas por incapacidades transitorias a diferencia de otros funcionarios judiciales que no dependen del Gobierno gallego y pérdidas de 5.000 euros por trabajador con los recortes durante cuatro años, lo que supone tres pagas extras. Una de sus principales reivindicaciones es que Galicia vuelva a recuperar la posición que tenía antes de la crisis y que supondría un incremento salarial del 16% a través del complemento autonómico transitorio a los 2.600 funcionarios que dependen de la Administración autonómica -270 euros al mes-, una cuantía que desde la Xunta insisten que es "inasumible".
Los sindicatos decidieron ayer encerrarse porque "cada oferta empeora la anterior". Además, habían exigido que a la reunión de ayer acudiese como mediadora la presidenta del Consello de Relacións Laborais, Verónica Martínez, al considerar que solo con ella "hubo avances" en el diálogo con la Xunta. Pero a la mesa de negociación de ayer solo asistió el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, y su homólogo en Función Pública, José María Barreiro. También critican que la propuesta de ayer era "un texto adornado" que tendrá efectos de 2019 y se mantendrá en tres anualidades, lo que según el comité de huelga impide la equiparación con otras autonomías donde se aumenta el complemento cada año.
En el documento definitivo presentado ayer se recoge que el incremento reributivo es de 75 euros al mes (900 al año) para los gestores, 62 euros mensuales para los tramitadores y 55 euros en el caso de personal de auxilio judicial. El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, explicó ayer que estas retribuciones se sitúan por encima de la media estatal pero lo que el Ejecutivo autonómico "no puede asumir" -añadió- es la subida del sueldo en más del 16%, que implica una aumento de casi 3.000 euros al año por trabajador.
Al margen de la subida del complemento autonómico transitorio (CAT) y de la discriminación ante incapacidades transitorias, el Ejecutivo autonómico alega que el resto de diferencias han sido superadas. En cuanto a las bajas laborales, la Dirección Xeral de Xustiza se compromete a crear un grupo de trabajo específico en el que se tratará la ampliación de los supuestos excepcionales hasta ahora previstos.
Uno de los puntos en los que los sindicatos reconocieron en su día que existía acuerdo es en lograr que los trabajadores que sustituyan a compañeros en un puesto de superior categoría cobren el 100% de las retribuciones en el cargo en el que desempeñen sus funciones. Xustiza también defiende que se crearán 43 nuevas plazas -36 de consolidación y siete de psicólogos- en lugar de las que 106 que tenía previsto suprimir en 2013 en su plan de amortización. De todas formas, el comité de huelga denuncia que no se les ha aclarado para qué cargos ni dónde.
Las posturas entre el personal de Xustiza y la Administración están cada vez más alejadas pese a la inminente amenaza de la huelga indefinida. Los trabajadores se quejan de las continuas "provocaciones" de la Xunta como la instrucción en la que el martes anunciaba que no se concederían días de asuntos propios ni de vacaciones en febrero y que horas más tarde retiró. Rueda volvió a matizar ayer que sí se aplicará si finalmente hay paro cuando se incumplan los servicios mínimos. Aún así, desde el Gobierno gallego insisten en seguir negociando para evitar la huelga.
Mientras continúa el conflicto ayer comenzaron a funcionar cuatro nuevos juzgados en Galicia en A Coruña, Ferrol, Ourense y Santiago a los que se incorporaron 31 personas. Además, la Xunta anunció que cubrirá con personal propio el servicio de atención psicológica en los juzgados de las siete grandes ciudades gallegas y asegura, en respuesta a las críticas suscitadas por la ausencia de este servicio, que fue el Colegio de Psicólogos de Galicia el que "decidió no renovar el convenio".
