El juez Andrés Lago Louro, que investiga el accidente del Alvia en Angrois en julio de 2013 en el que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas, ha aceptado de forma parcial la petición de la plataforma de víctimas para citar como investigados a más cargos de Adif, además del exdirector de seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte. El instructor acepta citar al gerente del área de seguridad del noroeste del administrador ferroviario, Fernando Rebón Sartal y al jefe de inspección de esta gerencia, José Antonio García Díez "para esclarecer defectos en la gestión de la seguridad y riesgos inherentes de la línea que en su día justificaron la imputación de Cortabitarte". Considera que ambos colaboraron con el exresponsable de seguridad en la circulación y no descarta que muchos de los "reproches" que motivaron su imputación también sean extensibles a estos dos cargos. Las declaraciones están previstas para el próximo 7 de marzo a partir de las 09.30 horas.
Lago Louro descarta, sin embargo, investigar, como pedían las víctimas, al director de seguridad en la circulación, Manuel Besteiro, al considerar que no ocupaba este cargo cuando se produjo el siniestro.
Con estas dos incorporaciones la lista de investigados por el caso Alvia sube a ocho. Además de los tres cargos de Adif -Cortabitarte y ahora Rebón Sartal y García Díez- figuran el exresponsable de seguridad de Renfe Antonio Lanchares, el maquinista Francisco Garzón Amo y los tres técnicos de la consultora Ineco que ejercieron como evaluadores independientes para examinar el riesgo en la línea Santiago-Ourense.
El juez acepta además citar como testigos para los días 7, 13 y 19 de marzo a seis técnicos de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Thales y Dimetronic, que suministró el sistema de control, mando y señalización de la línea. Cinco de ellos están entre los 18 que propuso la plataforma de afectados y otros dos en los que planteó Adif, aunque uno coincide con otro de los nombres dado por las víctimas. Las comparecencias continuarán el 19 de marzo, fecha para la que el magistrado ha convocado al director general de operaciones de ingeniería de Renfe, Francisco Minayo de la Cruz, por su implicación en el envío de un correo electrónico por parte de un jefe de maquinistas que alertaba de la peligrosidad de la curva de A Grandeira en la que descarriló el Alvia. Para ese día está citado también el gerente de la dirección corporativa de seguridad en la circulación de la operadora, Javier Nicolás Esteban, y el empleado de Bombadier, la empresa que proporcionó los equipos informáticos embarcados en el tren.
El mes de abril el proceso judicial seguirá con las intervenciones de más peritos. El día 9 será el turno de Ángel Luis Sanz y Pilar Calvo, que elaboraron informes sobre señalización y acerca del peso del factor humano para la defensa del maquinista. Y el día 18 de abril confirmarán sus peritajes el ingeniero Antonio Puyol y la directora técnica de Adif desde julio de 2016, Esther Mateo, que aportó hace unas semanas casi medio centenar de documentos para defender la actuación del organismo.
Las víctimas reclamaron al instructor del accidente de Angrois que exigiese al administrador ferroviario completar esa información con un anexo que clarifica que en el análisis independiente que hizo Ineco se deberían haber aplicado normas de seguridad europeas que exigen que el estudio se complete con un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). La plataforma también denunció que faltaba otro adjunto con las actas internas que evidenciaban que su Dirección de Seguridad sabía que no se había encargado a la consultora evaluar el riesgo en el tramo de Angrois. En este caso, Lago Louro ve "oportuno" requerir a Adif y a Ineco los autos de los contratos firmados para la línea y, en concreto, el tramo de Santiago. En su declaración en noviembre, los dos técnicos de Ineco investigados en el caso Alvia ratificaron que su estudio solo llegó hasta el punto kilométrico 84.188 dejando fuera la curva de A Grandeira. Pero rechaza reclamar los anexos que solicitaban las víctimas porque cree que es "innecesario y redundante" incidir en algo sobre lo que "ya se han aplicado pruebas periciales suficientes".
Las piezas de convoy que formaban parte del Alvia siniestrado estuvieron custodiadas por la policía y luego por Renfe en una nave de la parroquia de A Escravitude, en el concello coruñés de Padrón, donde fueron revisadas en varias ocasiones por peritos judiciales. Ahora Lago Louro ordena poner a disposición de la operadora los restos del material rodante para que les dé el destino que vean oportuno. Pese a la oposición del letrado de Garzón, el magistrado argumenta que los restos ya han sido examinados lo suficiente para aclara aspectos que se cuestionaron en su día como el peso o su certificado. Pero ahora -insiste- "no hay pretensión lógica ni jurídica" para no realizar la devolución.
El magistrado deniega además la reclamación de las víctimas para insistir a la Agencia Ferroviaria Europea que conteste a las preguntas sobre el análisis de riesgos en la línea. Opina que es "innecesario" llamar al responsable de seguridad Christoper Carr para recordárselo.
