Casi 130.000 solicitudes están registradas en la Xunta para cubrir una sustitución en la administración, al margen de educación y sanidad, cuyos relevos gestionan sus propias consellerías. La misma persona puede estar apuntada como interina en varias de esas relaciones para, por ejemplo, cubrir un puesto administrativo en un centro de bienestar o en los servicios centrales del Ejecutivo. Pero quienes aspiran a lograr un empleo de forma temporal por esta vía asumen una condición: plena disponibilidad. En caso de ser llamados para un puesto y rechazarlo, no responder o abandonarlo -normalmente por hallar otro trabajo con mejores condiciones-, son penalizados con un año en la "nevera", sin posibilidad de acceder a una sustitución. El año pasado, la Xunta aplicó 2.811 de esos castigos, lo que supuso un 11% menos que los 3.163 del año 2016. Por tanto, casi se produjo una penalización diaria menos, según los datos de la Consellería de Facenda.

La Administración necesita contar con un sistema de cobertura de ausencias por bajas o de otro tipo y, por ello, cuenta con unas listas a la que pueden inscribirse ciudadanos para intentar lograr algún puesto de carácter temporal como interinos.

La falta de previsión para detectar las necesidades de personal sustituto y blindar la cobertura de puestos menos atractivos por su ubicación geográfica o condiciones -pueden cubrirse plazas, por ejemplo, a media jornada- Facenda establece la obligación de asumir el empleo que le ofrezcan al interino. "De no existir este mecanismo y las personas inscritas pudiesen rechazar las ofertas de empleo, la continuidad del servicio público quedaría comprometida por la previsible demora en la cobertura de las plazas vacantes", alegan desde el departamento dirigido por Valeriano Martínez.

"Por otra parte, la Xunta tendría muchas dificultades para cubrir las ausencias en las plazas menos atractivas, bien por estar en localidades distantes de los grandes núcleos de población, bien por presentar condiciones de trabajo menos favorables", añaden estas fuentes.

Eso sí, los aspirantes a una plaza de este tipo pueden solicitar una suspensión temporal para no ser convocados, alegando haber encontrado otro empleo o condicionantes familiares como dependientes a cargo. "La suspensión no comporta exclusión y permite mantener el puesto en la lista", matizan desde Facenda.

El dato del año pasado corresponde a penalizaciones, no estrictamente a ciudadanos, pues un mismo solicitante puede recibir varias llamadas de diferentes departamentos y rechazarlas. Estas listas abarcan desde los servicios de bienestar, a puestos administrativos, veterinarios o el servicio de lucha contra incendios, por ejemplo.

La evolución resulta positiva respecto a 2016, con 352 castigos menos -de 3.163 a 2.811- en un contexto de reducción del desempleo. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa, este bajó del 19,3% en 2015, al 17,2% en 2016 y al 14,7% del último trimestre del año pasado, si bien en este período apenas se crearon 6.200 puestos de empleo. La caída de la tasa de paro deriva de la pérdida poblacional gallega. Sin embargo, las 2.811 penalizaciones aplicadas por Facenda superan las 2.160 de 2015 y más que duplican las 1.300 del ejercicio previo, según los datos de la Consellería.