Un total de 69 concellos tienen delegadas en la actualidad sus competencias en materia de inspección y sanción urbanística en la Xunta. En estos ayuntamientos es la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la que se encarga de peinar el territorio, abrir el correspondiente expediente sancionador y ordenar el derribo de la vivienda o nave ilegal. En el resto, la vigilancia de las infracciones urbanísticas recae en el equipo de gobierno local.
Desde la APLU, su director xeral, José Antonio Cerdeira, advirtió en una entrevista a este periódico el fin de semana de que a los alcaldes les cuesta expedientar por una obra ilegal debido al coste político que conlleva. "Por un vecino [expedientado] puede perder 15 votos, y eso puede traducirse en un concejal menos. No es agradable", apuntaba Cerdeira. Ante estas declaraciones, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) lamenta que la Xunta afee el control que hacen de las construcciones sin licencia o levantadas en zonas no edificables.
"Las declaraciones ponen injustamente en el disparadero a los alcaldes tras el esfuerzo y el trabajo hecho para mejorar el ordenamiento y la seguridad de nuestros pueblos y villas", cuestionó ayer el presidente del órgano de poder local gallego y también alcalde de O Barco, Alfredo García (PSdeG) en relación a las "acusaciones" -según las calificó- del director de la APLU sobre el papel de los concellos cuando sus vecinos se saltan las normas en materia de urbanismo.
"Evidentemente al que le abras expediente, no te va a votar o no te va a batir las palmas, pero el alcalde se debe a todos", defendía Cerdeira en una entrevista el domingo a este diario, al tiempo que apelaba a los ayuntamientos que todavía no estaban adheridos a la APLU que lo hiciera por las ventajas y beneficios que les supondría, desde la menor carga de trabajo hasta un aumento de los ingresos ya que podrían hacerse con el 10% de la recaudación por multas en suelo rústico (de competencia autonómica) y no solo de sanciones en suelo de núcleo (de titularidad municipal).
Denuncias
El presidente de la Fegamp lamentó que el director de la agencia autonómica hiciera esas manifestaciones sobre los concellos ya que, según advirtió García, un alto porcentaje de los expedientes que tramitan desde el organismo de la Xunta "son remitidos por los propios ayuntamientos que pertenecen a la APLU".
Según los datos de la memoria de la actividad del organismo autonómico de 2017, el 12% de los expedientes de reposición de la legalidad urbanísticas abiertos el año pasado proceden de denuncias de los concellos. El grueso de las investigaciones por irregularidades urbanísticas puestas en marcha por la APLU es por la labor de rastreo de los inspectores de la propia agencia (64% del total de expedientes abiertos el ejercicio pasado). Le siguen las denuncias de los ayuntamientos (12%), particulares (11%), Costas del Estado (10%) y otras autoridades (3%).
Desde la Fegamp, su presidente valoró "la labor y el esfuerzo" que los concellos están haciendo "a la hora de concienciar a los ciudadanos de que el concepto de propiedad está limitado por la protección del entorno y el medio ambiente".
