El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, defendió ayer el veto del Gobierno central al traspaso a Galicia de la AP-9 porque se trata de "una autopista que es de la red estatal y el Estado tiene que tener las competencias". "Así lo establece la ley", indicó. Preguntado durante una entrevista en la Cadena SER, De la Serna explicó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "mantiene" las competencias en esta autopista pero que "desde luego" lo hace "con un contacto y un diálogo permanente con el territorio".

También recordó que existe una comisión mixta formada por representantes del Ministerio y de la Xunta "que toma decisiones sobre la gestión" y que "ha servido, por ejemplo, para que se puedan asumir los gastos correspondientes a una bonificación que estaba llevando a cabo la Xunta", por los tramos A Coruña-A Barcala y O Morrazo-Vigo. A través de esta comisión, añadió, "se está abordando ahora el asunto de Redondela", en alusión a la respuesta favorable del ministerio a la petición de la Xunta de eliminar el peaje en la AP-9 en el recorrido entre Rande y Vigo. Esta gratuidad, en todo caso, será compensada en la tarifa que se paga por circular en el resto de la autopista. "Estamos tomando decisiones en coordinación con la Xunta, pero la responsabilidad es nuestra", comentó el titular de Fomento, para a continuación explicar que se ha pedido la liberalización del peaje en Galicia como se ha solicitado también en otros lugares, lo que "supone miles de millones de euros".

Los grupos con representación en el Parlamento gallego, PP, En Marea, PSdeG y BNG, aprobaron por unanimidad una proposición de ley para debatir en el Congreso la transferencia de la AP-9.

Sin embargo, la Cámara Baja, que preside la diputada del PP por Pontevedra Ana Pastor, a través de la Mesa, asumió la "disconformidad" del Gobierno español y rechazó que el pleno tomase en consideración esta iniciativa.

Por su parte, el PSdeG solicitó ayer la creación de una comisión parlamentaria de estudio en la Cámara gallega que permita racionalizar el "absurdo" sistema de peajes de Galicia, que "genera tratamientos diferenciados a los ciudadanos en función de donde residen", y urgió reclamar al Gobierno central una "compensación" por la situación "anómala" de la AP-9.

El portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, explicó que este sistema, que en la comunidad gallega depende de varias administraciones según la infraestructura, "no tiene ningún sentido y responde a lógicas inexplicables". Así, conviven en la misma red de carreteras de distinta titularidad tramos bonificados con otros estrictamente de pago, así como autopistas con tramos gratuitos pero asumidos por subidas en el resto de los peajes. Entre otros casos, citó el caso de la autopista que une Santiago y Ourense, con tramos de pago entre la capital gallega y Lalín, y libres entre este último municipio y la ciudad de As Burgas. Leiceaga calificó de "absurda" una situación que resulta, además, "difícil de explicar" y que, en su opinión, "merece" que se pueda "analizar" en un órgano que le presente una propuesta a la Xunta y al Gobierno central en el plazo de seis meses.

También se refirió a las consecuencias de la decisión del gobierno popular de José María Aznar, con la "aquiescencia" de Manuel Fraga, de ampliar la concesión de la AP-9 por 25 años en el año 2000. Esto provocará, según indicó, la "singularidad" de una vía que continuará con la concesión cuando las de la inmensa mayoría de autopistas del Estado caducarán en los próximos dos o tres años.